Los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Puebla se enfrentarán al reto de resolver al menos el 60% de los 10 mil 77 expedientes relacionados con conflictos laborales, ya que se estima que la oficina auxiliar operará solo durante un año.
En entrevista con Publimetro, la abogada representante de los trabajadores, Aracely Rebollar García confirmó que, tras las mesas de negociaciones, lograron garantizar la operación de esta Junta por un año más y a partir del próximo lunes, se reabrirán las oficinas ubicadas en la capital.
La abogada detalló que del total, más de la mitad de estos casos corresponde a reclamos de prestaciones de seguridad social, como IMSS, ISSSTE, Afores e Infonavit, así como pensiones de orfandad para menores que ya han alcanzado o están por alcanzar la mayoría de edad.
Mientras que dos mil 600 juicios obrero-patronales, como despidos injustificados y pagos de derechos en etapas de laudo, ejecución y dictamen, serán atendidos en Tlaxcala, y a Oaxaca se enviarán únicamente 243 expedientes.
Se sumarán 15 trabajadores más para atender rezago
Rebollar García también mencionó que se acordó la contratación de 15 personas adicionales, quienes se sumarán a los 31 trabajadores actuales de la Junta, de los cuales 24 son abogados. Afirmó que el personal se comprometió a trabajar “día y noche” para evitar prácticas que retrasen las audiencias.
“Si el personal no cumple, lo reportaremos a la Secretaría del Trabajo federal para que realicen los movimientos necesarios y se cambie al personal que no esté comprometido, con el objetivo de que los juicios se resuelvan lo más rápido posible”, señaló.
La abogada recordó que uno de los periodos de mayor rezago se vivió durante la gestión de Bertha Marbella Medrano Hurtado, quien presidió la Junta por alrededor de nueve años.
“El trabajo de la Junta estaba muy retrasado. Desafortunadamente, la pandemia nos hizo perder dos años. Esperamos avanzar rápidamente; el juicio más antiguo es de 1991 y muchos están pendientes en la etapa de ejecución”, comentó.
Añadió que un juicio de declaración de beneficiarios no debería demorar más de tres a seis meses, mientras que una demanda laboral por despido injustificado debería resolverse en un plazo de entre uno a un año y medio.
Finalmente, Rebollar García estimó que podrían avanzar entre un 60 y 70% en la resolución de los juicios durante el próximo año, alcanzando las etapas de laudo y ejecución de los siete mil 477 expedientes que se resolverán entre Puebla y Tlaxcala.
Además, exhortó a los trabajadores de la Procuraduría Federal del Trabajo a agilizar la resolución de los juicios que se han enviado al archivo.
El pasado 17 de junio la Junta Federal número 33, ubicada sobre la 31 Oriente cerró sus puertas por Decreto Federal Oficial y se estableció que la nueva sede se ubicará en el estado de Tlaxcala, por lo que las nuevas demandas laborales ya no se resolverán en la entidad.
