Puebla

Cierran penales municipales en Puebla; 232 reos serán trasladados a centros estatales

El cierre responde a una calificación reprobatoria que otorgó la CNDH a los centros penitenciarios de Puebla

FOTO: Héctor Tenorio/Agencia Enfoque
PENAL DE HUEJOTZINGO Una riña al interior del penal de Huejotzingo dejó tres internos lesionados por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal. FOTO: Héctor Tenorio/Agencia Enfoque

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció el cierre de los penales municipales de Atlixco, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, lo que resultará en el traslado de 232 reos a penales estatales.

Esta decisión quedó oficializada en el Periódico Oficial del Estado (POE) y forma parte de las acciones de reorganización del Sistema Penitenciario del Estado de Puebla.

Los reclusos de los Centros de Reinserción Social de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros serán trasladados debido a los daños que los penales sufrieron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, los cuales no han sido reparados desde entonces.

Estas personas privadas de la libertad serán reubicadas en el penal de “San Miguel” en la capital poblana, aunque no se especificó la fecha exacta del cierre ni el número total de personas ya trasladadas.

En cuanto a los centros penitenciarios de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, las cifras de reclusos son 43, 18, 48 y 123, respectivamente, los cuales también han sido trasladados al reclusorio de la capital, el de Cholula y al de Ciudad Serdán.

Penales reprobaron por hacinamiento y deficiencias

El cierre responde, en parte, a los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que otorgó una calificación de 5.02, sobre una escala del 1 al 10, a los centros penitenciarios de Puebla.

Entre las principales deficiencias señaladas se encuentran la sobrepoblación, el hacinamiento, deficiencias en la alimentación, escasez de personal operativo y técnico, y la falta de capacitación, especialmente en los penales administrados por los municipios.

La CNDH, en su recomendación 28/2016, ya había solicitado que los internos de cárceles municipales fueran trasladados a centros estatales cercanos a sus domicilios, para mejorar las condiciones de reinserción social.

Por esta razón, a partir del 1 de octubre, la SSP dejó de operar en los siete penales municipales mencionados, trasladando la responsabilidad de estos reclusos a los centros penitenciarios estatales.

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