El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier anunció una reforma al Código Penal estatal para implementar la castración química como sanción a los agresores sexuales, como parte de su agenda de “cero tolerancia” hacia delitos como el acoso y las violaciones, la cual ha causado controversia.
En una conferencia de prensa, detalló que la castración química consistiría en la aplicación de una inyección con sustancias químicas que inhiben el deseo sexual del agresor, buscando así reducir la incidencia de estos crímenes en Puebla.
Subrayó que la medida no implica mutilación física, sino un tratamiento médico que afectaría la libido del delincuente, lo cual considera una forma de prevenir que las personas condenadas por delitos sexuales reincidan.
Esta propuesta, según el gobernador electo, tiene como objetivo combatir la violencia de género, protegiendo especialmente a las mujeres, y fue planteada en su momento cuando Armenta ocupó un escaño en el Senado de la República, aunque fue rechazada por organismos de derechos humanos.
Reacciones críticas a la propuesta
La propuesta ha generado diversas reacciones, especialmente en torno a su viabilidad y efectividad. Lizeth Mejorada, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expresó su rechazo tajante a la idea de la castración química, calificándola como una “cortina de humo” que desatiende los problemas fundamentales del sistema de justicia.
Mejorada señaló que la verdadera solución no radica en aplicar sanciones “populistas” como la castración química, sino en garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de la justicia.
En su mensaje, la activista insistió en que se necesita una reforma profunda en las estructuras judiciales y de procuración de justicia:
Mejorada también criticó la propuesta de Armenta como un intento de eludir la discusión de los problemas reales en la administración pública.
