Puebla

Cancelar contrato de agua costaría 7 mil millones, revelan directivos

La empresa a cargo del servicio de agua potable indicó que 350 colonias presentan escasez del líquido

FOTO: Sergio Cervantes/Agencia Enfoque
Comparecencia. Héctor Durán Díaz, director de Agua de Puebla, compareció ante diputados de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado. FOTO: Sergio Cervantes/Agencia Enfoque

La empresa Agua de Puebla dio a conocer que revocar su contrato implicaría dar una indemnización de 7 mil millones, y reportó que hay 350 colonias que tienen escasez.

Lo anterior, lo dieron a conocer durante una comparecencia conjunta este miércoles ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local, los directores de la empresa Héctor Durán Díaz y del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz.

Presentaron un informe de los 10 años que lleva vigente el contrato de concesión otorgado en 2013, en el gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Los directivos indicaron que, hasta la fecha, la empresa ha pagado solo 852 millones de pesos de los mil 486 millones comprometidos como contraprestación.

Agua de Puebla registró una ganancia neta de 54.6 millones de pesos en 2023, después de gastos de operación e inversiones, aunque evitó dar detalles sobre la recaudación bruta anual y el monto percibido por multas, recargos de reconexión y cobros de medidores.

Según indicó, los gastos operativos de la empresa ascienden a mil 681 millones de pesos anuales.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vargas señaló que la revisión del contrato de concesión será una tarea de la próxima administración estatal.

Recordó que el gobernador electo, Alejandro Armenta, ha propuesto un plan hídrico para abordar la problemática de escasez y está comprometido en emprender acciones desde el inicio de su mandato.

El contrato actual, que otorga a Concesiones Integrales —razón social de Agua de Puebla— el control del servicio de agua y el cobro de tarifas, tiene una duración de 30 años y fue avalado por el Congreso en 2013.

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