El exauditor superior del Estado, Francisco Romero Serrano, fue exonerado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un cargo que se le imputó durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
La decisión fue tomada por un juez tras una audiencia celebrada el pasado viernes en la Casa de Justicia de Puebla.
Romero Serrano, quien había sido detenido en 2022, fue absuelto de las acusaciones que pesaban en su contra, y el juez ordenó la liberación de todos sus bienes en un plazo máximo de 72 horas.
El exfuncionario, quien también enfrentó cargos por violencia familiar, aseguró que su defensa legal demostró que la adquisición de sus bienes fue completamente lícita.
“Se comprobó que en todas las erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes personales estaban sustentadas conforme a derecho. Por lo tanto, en términos generales, ya quedamos absolutamente limpios de cualquier acusación”, comentó a su salida.
El exauditor también celebró la decisión judicial que le permite recuperar su derecho al libre tránsito, lo que le permitirá salir del estado y del país.
Cargos previos y detención
La detención de Romero Serrano tuvo lugar el 26 de febrero de 2022, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo arrestaron inicialmente por violencia familiar en agravio de su esposa y su hijo menor, incidentes ocurridos en octubre de 2021 en el fraccionamiento La Vista Country Club.
Sin embargo, poco después se le imputaron también cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 5 de marzo de 2022, fue vinculado a proceso y el juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Posteriormente, el 31 de marzo, el Congreso del Estado aprobó su remoción definitiva como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Después de más de dos años en prisión, Romero Serrano fue liberado del penal de San Miguel en junio de 2024, cuando se le concedió un cambio en las medidas cautelares.
A pesar de las acusaciones que dañaron su imagen pública, Romero Serrano aseguró que podrá retomar su vida personal con normalidad y continuará trabajando en su despacho como contador público.
