Las obras de la Vía Atlixcáyotl violan la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que la colocación de escaleras eléctricas sobre dicha via “son parches” a un proyecto que contraviene la pirámide de la movilidad, destacó Armando Pliego Ishikawa, activista y miembro de Ciudad Activa.
En una entrevista, criticó que los pasos elevados y distribuidores, que se iniciaron en la administración del exgobernador Sergio Céspedes Peregrina, responden a una premisa errónea sobre el uso de la vía, privilegiando solo a los automóviles.
“Estas medidas olvidan que hay gente que trabaja en la zona que no se desplaza en automóvil, y estas medidas terminan por afectarles y ponerlos en un riesgo mayor al momento de ponerlos en tránsito”, comentó.
Recordó que entre 2015 y 2016, activistas lograron que se implementara el cruce de Cúmulo de Virgo, a la altura del Complejo Cultural Universitario (CCU), incluso la existencia de semáforos en la calle Kepler beneficiaba a los peatones para cruzar.
Sin embargo, con la construcción de dichas obras se eliminaron estos pasos peatonales y se contravino a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que, en su artículo 37, estipula que cualquier vía federal o estatal que ingrese a una zona urbana debe adaptarse para cuidar a los peatones, ciclistas y dar prioridad al transporte público.
“La infraestructura peatonal elevada no está pensada para las personas, sino para que los automovilistas no tengan que detenerse. Este enfoque convierte al peatón en un estorbo”, agregó el activista.
Mencionó que ahora el gobierno de Alejandro Armenta pretende construir un puente con escaleras eléctricas a esa misma altura, lo cual consideró como “un parche” que no prioriza a los peatones.
Estos proyectos los hereda el gobernador Armenta, y ahora se están anunciando medidas como escaleras eléctricas, elevadores, que a fin de cuentas son parches que están poniendo a un proyecto que contraviene lo que dice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial", dijo.
— Armando Pliego.
Resaltó que estas obras ni siquiera están cometiendo su objetivo, ya que se pretendía reducir los tiempos de traslado y hoy en redes sociales se ha evidenciado como la Vía Atlixcáyotl está “colapsada” por el tráfico.
Desigualdad en inversiones
Pliego Ishikawa también cuestionó las prioridades del gobierno en cuanto a las inversiones en infraestructura, mencionando que aunque se ha gastado millones de pesos en distribuidores viales, como el de Amalucan y la Central de Abastos, no ha habido mejoras sustanciales en el transporte público.
Destacó que la única inversión significativa en transporte público ha sido la línea 4 del Metrobús RUTA, pero fuera de esto, no se ha realizado ninguna otra inversión para mejorar las rutas tradicionales del transporte.
Gasto en infraestructura vial
- Distribuidor vial de la Central de Abastos: inversión de 382.9 millones de pesos.
- Distribuidor vial de Amalucan: inversión de 750 millones de pesos: 100 millones de la federación a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y otros 650 de recursos estatales.
- Distribuidor Periférico Ecológico – Vía Atlixcáyotl: inversión de 246 millones 913 mil pesos.
- Distribuidor de Coronango: su inversión asciende a 159.6 millones de pesos.
- Paso a desnivel Osa Mayor: inversión de 149 millones 570 mil pesos
- Cruce elevado en Cúmulo de Virgo: inversión de 45 millones de pesos.
Velocidad y reglamentación de movilidad: retos pendientes
En otro punto, Pliego Ishikawa mencionó el reciente anuncio de la reducción del límite de velocidad en el carril derecho del Periférico Ecológico a 50 kilómetros por hora, señalando que este ajuste solo aplica a una parte de la vialidad.
“La Ley de Movilidad Estatal, aprobada en diciembre de 2023, establece que para las vías rápidas de acceso controlado, la velocidad máxima debería ser de 80 kilómetros por hora, pero en la práctica, muchos tramos continúan permitiendo 90 kilómetros por hora”, destacó.
Además, el activista subrayó que la ley establece un plazo de un año para la armonización de la Ley General en el estado, que incluye la implementación del sistema estatal de movilidad, la creación de un observatorio de movilidad y seguridad vial, y la expedición del nuevo reglamento.
Aunque este plazo está por vencer, el activista considera que el gobierno tiene una oportunidad para corregir ciertos aspectos de la ley y garantizar su cumplimiento, como la disminución de la velocidad en el Periférico.
“Es crucial que el gobierno aproveche esta oportunidad para hacer cumplir la ley y garantizar que los compromisos con la movilidad y la seguridad vial sean respetados, no solo en teoría, sino en la práctica”, concluyó el activista.
