Más de tres mil personas privadas de la libertad (PPLs) que se encontraban en el penal de San Miguel, en Puebla, han sido trasladadas al de Tepexi de Rodríguez y otros penales de máxima seguridad en el país, debido a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana.
El director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, Guillermo Jesús Serna Rivera, compartió detalles sobre la ocupación del penal durante un recorrido realizado con medios de comunicación.
Comentó que actualmente el penal alberga a tres mil 397 internos, de una capacidad de tres mil 997 personas, lo que representa una ocupación del 85%
El proceso de reubicación y reacomodo de los internos tiene como objetivo reducir el hacinamiento en el penal y separar a los reclusos de acuerdo con los delitos que han cometido.
Además, se ha logrado trasladar a las mujeres internas al penal femenil de Ciudad Serdán, con excepción de dos internas que han solicitado un amparo para evitar su reubicación.
Durante la administración anterior, los reclusos que fueron trasladados a otros Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), señalados por delitos como tráfico de drogas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y delincuencia organizada.
Seguridad y protocolos en el Cereso de Puebla
Aunque el Cereso de Puebla es clasificado como un centro de mediana a baja seguridad, Serna Rivera explicó que la seguridad externa está a cargo de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
En este sentido, se apoyan de perros entrenados para la detección de narcóticos y armas, así como de escáneres e inhibidores de señal para prevenir el ingreso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
“Nosotros como Centro Penitenciario no controlamos la seguridad externa; esa tarea está a cargo de la subsecretaría. Sin embargo, contamos con unidades caninas, escáneres e inhibidores de señal para evitar la entrada de drogas y otros ilícitos”, detalló el director.
En los primeros 100 días del gobierno de Alejandro Armenta, se han realizado 89 inspecciones en las instalaciones del Cereso, las cuales han dado como resultado el aseguramiento de 11 personas por actos fuera de la ley, 159 celulares, 1,031 puntas, 58 cargadores de celular y más de un kilo de diversas drogas, entre ellas fentanilo, marihuana y cristal.
Restricciones y Cambios en la Infraestructura
El proceso de ingreso al Cereso es altamente estricto, con varios filtros de seguridad, incluyendo la entrega de identificación, registro y la prohibición de llevar dispositivos electrónicos.
Los visitantes deben pasar por siete filtros de seguridad antes de acceder a la explanada familiar, donde un total de 12 policías y un perro de seguridad están encargados de mantener el orden.
Un cambio significativo en el penal fue la demolición de “El Pueblito”, un área construida ilegalmente que operaba como un espacio privado para los reclusos, donde se cobraba por servicios como encuentros íntimos, restaurantes, tiendas y gimnasios.
Estas estructuras fueron destruidas en 2022 como parte de una serie de medidas para mejorar la seguridad y evitar cotos de poder.
Retos en el Cereso de Puebla
Serna Rivera también mencionó que uno de los principales retos del penal es la falta de personal y recursos médicos. Actualmente, el Cereso cuenta con solo 605 trabajadores, entre custodios, abogados y personal administrativo.
Además, los insumos médicos son proporcionados por la Secretaría de Salud, pero a veces también se adquieren mediante donaciones.
Por otro lado, el penal alberga a 20 personas extranjeras provenientes de países como Estados Unidos, Israel, Honduras, El Salvador y Venezuela, quienes cumplen condenas por delitos como robo, fraude y abuso de confianza.
El director también informó que actualmente hay cinco reclusos con medidas de restricción, quienes permanecen aislados del resto de la población penitenciaria por razones de seguridad y de salud, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos estatal y nacional.
Aclaró que estos reclusos no tienen vínculos con la política ni son familiares de políticos.
