Desafortunadamente, en México, hay una creciente inseguridad pública en todo el país, colocándonos en el epicentro de la violencia, la cual en las últimas décadas ha incrementado su presencia en sus diferentes manifestaciones.
Los resultados que se han obtenido a partir de las estrategias para combatir al crimen han colocado a nuestro país desde 2020, como uno de los 5 países más violentos del mundo, con 9 de sus ciudades entre las 50 más violentas del planeta.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI en 2020, se calcula que el costo de la delincuencia para los hogares fue de 278 mil millones de pesos (1.7 por ciento del PIB). Para los empresarios, el INEGI estima que la delincuencia costó 226 mil millones de pesos en 2019 (1.2 por ciento del PIB).
Esto se traduce en un impacto negativo en el crecimiento económico e implican un costo para el país, que lamentablemente enfrentan las empresas y hogares de los mexicanos.
En consecuencia, cobra importante relevancia el que las empresas se conviertan en un actor fundamental en la construcción de la paz para la sociedad, como un “bien público” que es, y adicionalmente como un valor fundamental para el desarrollo y bienestar.
Las empresas desempeñan un papel crucial en la construcción de la paz, ya que su actividad económica y su influencia en la sociedad pueden tener un impacto significativo en la estabilidad a través del diálogo y la colaboración con otros actores sociales. El diálogo y la negociación son herramientas fundamentales para la resolución pacífica de conflictos, y las empresas pueden desempeñar un papel activo en este proceso, contribuyendo a la construcción de consensos y soluciones sostenibles.
La empresa desde luego tiene la capacidad innata de generar empleo y oportunidades económicas, lo cual es fundamental para promover un entorno propicio para la paz. Cuando las personas tienen acceso a un empleo digno y estable, se sienten valoradas y tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Esto contribuye a reducir la desigualdad y la exclusión social, dos factores que suelen estar asociados con la violencia y los conflictos.
La responsabilidad social empresarial implica que las empresas deben tener en cuenta no solo sus intereses económicos, sino también los impactos sociales de sus actividades. Al adoptar prácticas empresariales éticas, pueden contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en paz. Cuando se hace de esta forma, no solo benefician a la sociedad en general, sino que también fortalece su propia sostenibilidad y éxito a largo plazo.
Estoy convencido de la urgencia de sumar esfuerzos y convertirnos en arquitectos de paz.
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