En los últimos años, México se ha enfrentado a un desafío creciente en la lucha contra el lavado de dinero. Esta actividad ilícita, que implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen de fondos obtenidos de actividades ilegales, representa una amenaza seria para la estabilidad económica, la seguridad y el Estado de derecho en nuestro país. Ante este panorama, resulta imperativo fortalecer las medidas de prevención y combate contra esta práctica.
En México, esta práctica delictiva, cobró mayor fuerza con el narcotráfico, la economía informal, la corrupción y en el caso más simple, la falta de entendimiento sobre el sistema financiero. Por lo anterior, y en consideración con la economía creciente del país, se creó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado, como herramienta elemental para poder salvaguardar la certeza y estabilidad financiera; a su vez, como un efecto colateral de evitar el financiamiento de la corrupción, el terrorismo y demás actividades criminales.
El realizar operaciones de alto valor con dinero en efectivo es uno de los principales obstáculos para poder mitigar el problema, pues facilita la posibilidad de inyectar capital a diversos proyectos, dificultando así la detección por parte de la autoridad fiscal; sin embargo, la Ley Antilavado, ha establecido una serie de umbrales para la identificación y aviso de la realización de actividades vulnerables, entre las que destacan casinos, construcción y traslados de propiedades, el sector bancario, de seguros, pensiones y sus intermediarios, comercio de joyas, metales, servicios de blindaje, entre otros.
Ante esto, es vital que todo empresario al realizar cualquiera de estas actividades conozca la procedencia y legitimidad no solo del dinero, sino de los documentos con los que se ostenta el cliente al momento de adquirir cualquiera de los servicios, porque si bien, el proveedor podría no estar ligado al blanqueo de capitales, pero puede ser un instrumento para la evasión de obligaciones por parte de un tercero, por lo que, algunas existe ciertas recomendaciones para evitar incurrir en esta práctica, las cuales pueden ser:
1. Conocimiento, registro, documentación y respaldo de la información respecto del adquiriente o bien proveedor del servicio o producto afectado.
2. Elaboración de un protocolo y políticas internas en las que la identificación, cotejo y reporte de transacciones mensuales debe de ser debidamente reportado ante la autoridad si es que así se amerita.
3. Colaboración con la autoridad fiscal. Es necesario que se funde una estrecha participación con la autoridad y acatar diligentemente con los requerimientos solicitados.
4. Capacitación. A empleados destinados directamente a oferta de bienes o servicios es imperante que los mismos conozcan la importancia de la pronta identificación de riesgos en una operación.
Es así como los empresarios juegan como una pieza fundamental en la prevención de lavado de dinero en México, ya que, al ser diligentes con la identificación y reporte de estos riesgos, contribuyen a disminuir radicalmente esta problemática en el país.
