De concretarse la obligatoriedad de la tarjeta prepago para acceder al servicio de transporte público, como ha anunciado el gobierno estatal en Querétaro, la población puede recurrir al amparo, ya que la movilidad es un derecho humano que no debe limitarse, explicó Bernardo Romero Vázquez, ex ombudsperson e integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aunque el uso de la tarjeta puede facilitar la obtención de información y agilizar el cobro, resaltó que los gobiernos tienen que partir de que la movilidad es un derecho, por lo que se deben incluir los casos de excepción dentro de esta política.
“Evidentemente, cualquier limitación es contraria a los derechos humanos (...) Es un problema y es una obvia limitación a la garantía del derecho humano a la movilidad, sin duda”.
Calificó como una arbitrariedad, el que se busque imponer una política sin consultar a la ciudadanía, al tratarse de un tema que afectaría este derecho humano, consagrado en el artículo 4° constitucional, por lo que llamó a generar estrategias alternativas e inclusive considerar integrar en un mismo plástico los beneficios para otros sistemas, como el de bicicletas u otros.
“Todas las medidas del gobierno tienen que ser posibles de discutir, de llevar a los tribunales y ser objeto de algún recurso, y hay muchas medidas, puede ser el amparo”, explicó al apelar a una estrategia que incluya a todas las personas, sin necesidad de llegar a los tribunales.
De acuerdo con el INEGI, en los datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), hasta el mes de mayo en Querétaro, se realizaron 1 millón 191 mil 344 viajes, es decir, un promedio de 238 mil 268.80 personas transportadas.
