La nueva Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para el estado de Querétaro podría estar aprobada por el Congreso local antes del 26 de septiembre, adelantó la diputada local Daniela Salgado, quien detalló que a partir de esta semana se buscarán comenzar las mesas de trabajo para emitir el dictamen y que sea discutido en este mismo mes.
Confirmó que, en esta propuesta, que busca ser referente nacional, al dar la calidad de animales sintientes a las mascotas, las únicas observaciones e inconformidades emitidas por el proyecto han sido de criaderos, que piden cambios en cuanto a la extensión de metros en los que se pueden tener bajo resguardo a los animales, y que piden sean adecuados en función del tamaño de cada una de las especies.
“Estamos escuchando a todos porque todo es perfectible y hay áreas de oportunidad que como diputados nos podemos equivocar, entonces estamos ajustando algunas cosas, pero los desacuerdos y comentarios no han venido de la parte interna, sino de la parte externa operativa, de criaderos”, dijo.
Para el tema de maltrato animal, el cambio propuesto es pasar de una sanción penal de 1 a 5 años de prisión, de 100 a 300 días multa y de 150 a 1000 jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, a sanciones administrativas como multas de 40 a 500 UMA, servicio social, 36 horas de arresto o el retiro del animal.
“No quitamos la parte penal, de hecho, se hacen más rígidas las penas, pero no vamos a castigar penalmente a una persona que tiene el perro en la azotea, con años de prisión, pero si va desde el retiro del animal, una multa, servicio social o hasta 36 horas de arresto”, explicó ante las críticas surgidas por este cambio, en donde dijo que ahora se tendrá un catálogo de acciones consideradas como maltrato y crueldad y sanciones según la gravedad de cada uno de ellos.
Enfatizó que, a partir de esta ley, todos los municipios del estado contarán con 180 días para crear sus unidades de atención animal, ya que actualmente 12 de los 18 no las tienen, y será una obligación generar políticas públicas de prevención del maltrato animal, esterilización, así como la creación de un padrón o registro como medida para garantizar su cuidado.
