Las reformas a la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, que se busca aprobar este martes por el Congreso local, requieren de mayor claridad, alertó el ambientalista Enrique Uribarren.
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Explicó que, si bien se ha generado polémica ante la limitación del vital líquido en condiciones de escasez, es una medida ya contemplada desde la emisión de la ley en 2022, pero que en la modificación se busca corregir la omisión para garantizar el derecho humano al agua, no obstante, observó que no se precisa si el mínimo garantizado de 50 litros diarios será por toma o personas.
Asimismo, remarcó que no se da claridad en cuanto a los elementos que configuran la condición de escasez, y al recordar que las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley, no se encuentra el texto que diga qué autoridad tiene la facultad de emitir la declaratoria y bajo qué estudios técnicos o parámetros se determinará, por lo que requiere de mayor claridad.
“Entonces queda siendo una norma sumamente polémica por ese tipo de ambigüedades que no están clarificadas y que pudiera suscitar algún tipo de controversia. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y al carecer de estas cuestiones el acto de autoridad no estaría ni fundada ni motivada y su aplicación sería muy subjetiva y fácil de combatir en instancias legales”.
Calificó como “parches” estas reformas a una legislación que reiteró no es una ley de aguas, pero que al haber comenzado mal se está buscando “salvar”, ya que artículos como el 74 podría dejarse sin efectos mediante amparos, puesto que hablaba de la suspensión del servicio, lo que contraviene el derecho humano al agua y que con más de 5 podría generar jurisprudencia y dejarlo sin efectos.
En este mismo sentido, la activista Mary Ibarra, lamentó el trabajo legislativo que se realizó para la emisión de la ley vigente desde 2022 y las reformas actuales, ya que ejemplificó que, en el escenario actual, 8 de 12 acuíferos de Querétaro se encuentran actualmente sobreexplotados, lo que podría ser considerado escasez y dar pauta a la aplicación de este tipo de medidas.
“No entienden que no entienden. Primero hacen una ley que viola el derecho humano al agua, ahora quieren corregirla y otra vez lo hacen mal. Es evidente que no tienen asesores especializados en la materia”, expresó.
Asimismo, la activista Teresa Roldán, resaltó que se debe especificar los criterios y elementos que se considerarán para emitir una declaratoria de escasez.
