El colectivo Desaparecidos Querétaro acusó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro de omisiones y negligencia durante el proceso de exhumación de los restos que fueron hallados durante la mañana del sábado pasado en una fosa clandestina en comunidad de Santa Bárbara La Cueva, en San Juan del Río.
Yadira González, representante de Desaparecidos Querétaro, rechazó la versión del órgano judicial de que supuestamente los integrantes de la agrupación impidieron el acceso a personal pericial, pues explicó que desde las 10:40 de la mañana, tras el hallazgo, se le contactó a la Comisión Local de Búsqueda para que esta lo reportara a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada del Estado.
Sin embargo, la fiscalía señaló que no estaba dentro de su competencia atender de forma directa el hallazgo, sino que el colectivo debió contactar en primera instancia a la policía municipal de San Juan del Río. Ante ello, Yadira González explicó que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, eso no era necesario, pues la fiscalía está obligada a acudir directamente a esos casos.
“Esa es una total mentira, dado que, si bien en el marco de la jornada de búsqueda humanitaria decidimos a nivel nacional salir todos los colectivos del país sin instituciones, incluso de seguridad pública ni fiscalías, ni comisiones, nosotros no tenemos la facultad jurídica para hacer la exhumación de una fosa clandestina. Y es por ello que en el momento en el que el colectivo da el hallazgo positivo a esta osamenta humana se le tiene que hacer el llamado a las instituciones que tienen la capacidad jurídica”, dijo.
Precisó que pese a todo, el colectivo decidió marcar a la policía de San Juan del Río, la cual acudió al llamado tres horas y media después. Una vez resguardado el sitio, una fiscal de acusación con un equipo forense llegó una hora más tarde y un fiscal especializado en materia de desaparición llegó dos horas y media después.
Yadira González denunció que uno de los elementos de policía de investigación comenzó a grabar a los integrantes del colectivo con un teléfono particular, lo que supuso un delito al tratarse de un servidor público; además, señaló que el equipo forense únicamente estaba integrado por dos criminalistas, cuando el protocolo nacional marca que para una exhumación debe haber elementos como antropólogos, arqueólogos, médicos forenses y genetistas.
La activista comentó que el equipo forense no quería iniciar con el trabajo pericial debido a la falta de personal, pero al final accedieron a hacerlo. Una vez comenzado con el proceso de exhumación, señaló Yadira, las criminalistas cometieron diversas violaciones al protocolo para sacar el cuerpo, al punto de que desmembraron una parte de la mano y las falanges las resguardaron dentro de un guante de látex.
“A nosotros no nos garantiza nada, pero sobre todo a la familia de la persona que fue exhumada ayer, no le garantizaban nada que vaya a llegar ese cuerpo completo en el trayecto, porque ese cuerpo quedó en resguardo de la policía ministerial, de la policía de investigación, ni siquiera del fiscal especializado ni de la fiscal de acusaciones. Nada garantiza que esa cadena de custodia no haya sido violada”, sostuvo.
Finalmente, recalcó que el colectivo lo único que pidió fue que las autoridades hicieran un trabajo correcto para identificar a la persona exhumada y evitar que su muerte quede impune. En ese sentido, llamó a la Fiscalía General del Estado a que instale mesas de trabajo en las que integre tanto al colectivo como a la Comisión Local de Búsqueda para organizar los trabajos en fosas clandestinas.
