Académicos y científicos de Querétaro convocaron a candidatos al Congreso del Estado para exhortarlos a trabajar de forma conjunta en la elaboración de una “verdadera Ley de Aguas” que atienda las necesidades de la población y al mismo tiempo proteja los ecosistemas.
Durante la presentación del libro “Pautas para la regulación hídrica desde los enfoques de derechos humanos y sustentabilidad” —a la que asistieron aspirantes de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano—la investigadora y ex rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, sostuvo que en la entidad urge una legislación en materia de agua que se construya a partir de las necesidades ecosistémicas.
“No pretendemos que haya una firma, no es un compromiso político, es un compromiso moral, social y ciudadano. Lo que queremos es que salgan de aquí, independientemente de partidos y colores, nosotras y nosotros estamos a la orden y en la mejor disposición de poder aportar el conocimiento, lo que tenemos en las manos para construir una verdadera Ley de Aguas en Querétaro”, dijo.
Y es que, de acuerdo con una de las autoras del libro, Dora Carreón Freyre, en Querétaro cada vez se extraen aguas subterráneas de niveles más bajos. La investigadora de la UNAM indicó que en la entidad se obtiene el vital recurso de pozos de hasta 300 metros de profundidad, lo que aumenta el riesgo de fracturar los suelos y dañar la infraestructura civil, además de que las aguas más profundas pueden resultar peligrosas para el consumo humano por su carga de minerales.
“Los tomadores de decisiones, los que manejan el agua en el país, la Conagua y los organismos estatales, están apostando a que si se contamina y se acaba el agua superficial, siempre tenemos el agua subterránea de reserva, pero esa es una falacia. El agua subterránea también se está acabando, en el sentido de que cada vez será más caro sacarla porque está a niveles más profundos y cada vez es de peor calidad”, expuso.
Los catedráticos reiteraron el llamado a quienes contienden por un cargo en la Legislatura Local a que trabajen para sustituir la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro —aprobada en mayo de 2022 y reformada en abril de este año— por una ley que garantice el derecho humano al agua sin perjudicar los entornos naturales.
