En Querétaro Cámaras empresariales defendieron la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, conocida como “Ley de Aguas”, al señalar que difieren de la postura de la federación, luego de que el pasado 07 de mayo ingresó una acción de inconstitucionalidad contra este marco legal local.
Esaú Magallanes, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó que se esperaba que la postura del gobierno federal fuese de apoyo a los gobiernos estatales, considerando que en cada una de ellas se tiene diferentes necesidades.
Remarcó que el tema de fondo de la legislación local se trata del cuidado del vital líquido y racionar el recurso para subsistir y de esta manera cuidarlo para un uso correcto.
“Nosotros estudiamos a fondo con nuestra Comisión legal la propuesta del gobierno estatal y vimos que es viable, porque se está buscando como garantizar el uso del agua racionado para un individuo, porque por ejemplo alguien podría decir que necesita 25 mil litros cuando son mucho menos para un día, y el tema es cuidar el agua”.
La federación argumentó que, con la medida de señalar un mínimo de 50 litros al día por persona, en escenarios de escasez de agua, viola el principio de debida fundamentación y motivación, cumpliendo con el artículo 16 constitucional, incluyendo antecedentes fácticos o circunstancias, justificación de manera sustantiva y razonable, por mencionar parte de lo argumentado.
En este mismo sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en la entidad (Canacope), Eduardo Chávez Hidalgo, puntualizó que se trata de un derecho ejercido por la presidencia de la república, buscando el interés común de la ciudadanía al considerar que existen violaciones a derechos humanos y que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, como representante empresarial dijo que llama la atención que esta acción se basa en la fundamentación que tuvo el Congreso del estado para realizar las reformas, lo cual desde su perspectiva consideró es la adecuada, pero apeló a que se resuelva pronto para que la ciudadanía tenga una solución y que no sea este tipo de recursos un motivo electoral o que se use como bandera política para que se beneficie o afecte algún partido político.
“Difiero un poco en cuanto a la motivación y fundamentación, ya que para mí sí se está llevando a cabo la fundamentación adecuada (...) Yo espero que la Suprema Corte haga un análisis a fondo y puntual de la impugnación y la ley para que ya podamos dejar esta problemática jurídica”.
Cabe recordar que estas reformas fueron aprobadas el pasado 4 de abril por el Congreso local, que además de generar el descontento social surgieron críticas de activistas y ambientalistas al señalar que faltaba claridad en algunos conceptos.
