No existe riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé marcha atrás a las últimas reformas a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, explicó Ana Paola López Birlain, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local.
Esto luego de que el pasado, 7 de mayo, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república, ingresó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la revisión de la norma.
“Hemos actuado de manera acorde a los plazos y los procesos que rigen nuestra legislatura, y si hay elementos para poder presumir que hay errores, que los presenten en las impugnaciones, y estaremos abiertos y dispuestos a acatar las indicaciones que se emitan”.
No obstante, indicó que se mantienen a la espera de la notificación de la presunta acción de inconstitucionalidad, ya que dijo genera inquietud que, pese a que se dio a conocer esta noticia mediáticamente, no ha habido información oficial, y se sigue sin conocer el contenido y el sentido de este recurso.
Al estar en medio de un proceso electoral, apuntó que cada partido político utiliza distintas estrategias, y sería irresponsable al utilizar el tema del agua con fines electorales, por lo que apeló a que no sea este el caso.
“En procesos electorales cada partido usa distintas estrategias, y a mí me parece irresponsable que se use un recurso muy sensible para la población para fines electorales y si es meramente mediático se juzgarán sus acciones por los propios ciudadanos”.
De acuerdo con el documento, la acción se sustenta en que se incumplió con el principio de debida fundamentación y motivación para la aprobación de los artículos 74 y 75, en los que se establece un mínimo de 50 litros diarios por persona, cambios que fueron publicados el pasado 9 de abril.
La acción de inconstitucionalidad se presentó 2 días antes del plazo de vencimiento para alguna impugnación, y de acuerdo con el proceso, una vez ingresado se da turno y se examina si cumple con los requisitos pata el trámite y procedencia, y de ser admitida, se solicita al órgano promulgador de la norma rendir un informe para lo cual se tienen 15 días.
