Uno de los pendientes que se busca aprobar, antes del 26 de septiembre, en el Congreso local, es la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el estado de Querétaro, la cual fue ingresada el pasado 27 de junio de 2022, no obstante, las empresas de esta materia se mantienen en la incertidumbre sobre si existen avances o cambios en este proyecto.
Mario Aguilar Becerril, presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro, refirió que, aunque, hace algunos meses, se tuvieron 3 reuniones con el equipo jurídico del diputado Guillermo Vega, autor de la iniciativa, y que se entregaron observaciones a la ley, aún no han sido convocados para conocer la versión final.
Por ello, resaltó que buscarán acercamiento con el Legislativo local, ya que remarcó que la propuesta presentada reflejaba una falta de conocimiento de la labor de la seguridad privada.
“Nosotros hicimos observaciones a la ley, y entre ellas pedimos que la más importante es que no se busque sancionar a las empresas que ya cuentan con el permiso que les autoriza para trabajar como seguridad privada, sino buscar sancionar, multar y clausurar a aquellas empresas que contraten empresas que no cuenten con permisos”, agregó.
Otra de las áreas de oportunidad, indicó que es el tema de la regulación de este servicio en fraccionamientos, que es donde “se refugian” las empresas que no cumplen con todos los requisitos de ley, como lo es el permiso y el personal dados de alta ante el IMSS.
Recordó que desde 1990 se generó un marco normativo para regular y crear un padrón de empresas de seguridad en el estado, que en ese año registraba 25 empresas y que a la fecha ha crecido a 384, cifra que creció 15 veces más.
Asimismo, apuntó que se debe analizar y considerar los cambios en materia laboral, en donde se señalan sanciones ante jornadas excesivas, y que se puntualice el trabajo por turnos.
Cabe recordar que el proyecto que se encuentra en análisis surgió por los incidentes de violencia del 5 de marzo de 2022, y hasta el momento se ha dado cuenta de que se busca fortalecer el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que exista una unidad especializada en este tema.
