Con los votos en contra de los morenistas Andrea Tovar Saavedra, Armando Sinecio Leyva y Christian Orihuela Gómez, el pleno de la LX Legislatura local aprobó en sesión modificar el proceso para la elección del fiscal anticorrupción, ahora será por una terna del Ejecutivo estatal.
En esta discusión, Tovar Saavedra, cuestionó los motivos para modificar este proceso en la actual legislatura de mayoría panista, ya que la renovación de este cargo se debe realizar hasta el 29 de mayo de 2026.
El fiscal Benjamín Vargas Salazar, recordó que fue elegido por la LVIII Legislatura local mediante una convocatoria, a la que procedieron entrevistas con las personas registradas, y a partir de ello se conformó una terna que se sometió a la votación de las y los legisladores locales, mientras que ahora será el gobernador del estado quien envíe la terna, pero alertó que no lograr los acuerdos en los 30 días posteriores a recibir dicha terna, la designación será automática por el Ejecutivo.
“Me parece que ante el panorama que se presenta para la siguiente legislatura, Acción Nacional y sus aliados quieren dejar planchados algunos asuntos, porque no hay explicación a tan acelerada reforma. Además, es una reforma que cierra la participación ciudadana totalmente, y este cargo tan importante lo va a nombrar uno de los Poderes del Estado, en lugar de que lo abramos a la participación ciudadana”.
Este cambio puntualizó que es contrario a la transparencia y la autonomía, ya que pudo haber sido un proceso en el que se permitiera la participación de la sociedad, y que abogados e interesados, que cumplan con los requisitos de ley, pudieran inscribirse para que la Junta de Coordinación Política determinará los perfiles más idóneos para bajarlo a la votación del pleno.
Parte de las atribuciones de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción son: conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; coordinar y supervisar la actuación de las policías en los términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional; diseñar estrategias e implementar líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, por mencionar algunas.
Mientras que para ser fiscal anticorrupción la ley exige: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; contar con una residencia en el Estado de Querétaro de cuando menos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la designación; contar con título profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años; tener cuando menos cinco años de experiencia en la procuración de justicia o bien cinco años de reconocida trayectoria en materia de derecho penal; y no haber sido condenado por delito doloso y gozar de buena reputación.
Al respecto de esta crítica, el autor de la iniciativa Manuel Pozo, realizó un llamado a la congruencia, ya que, en el Congreso de la Unión, en donde hay mayoría morenista no se ha impulsado una reforma para ampliar la participación ciudadana, y el fiscal general de la república se elige mediante una terna que es enviada por el presidente, por lo que remarcó que con este cambio se piensa en mantener el Estado de derecho en la entidad.
“Al valorar y analizar los diferentes mecanismos (de otras entidades), identificamos que lo más conveniente era homologarlo al procedimiento que hoy existe en nuestra constitución local para escoger al fiscal general del estado”, explicó.
En esta misma sesión se aprobaron cambios constitucionales para garantizar la paridad en el gabinete estatal, además de obligar a que los partidos cumplan con este principio y alternen el género en cada proceso electoral en la designación de la candidatura a la gubernatura.
