A 30 días de que concluya actividades la LX Legislatura local, se registra que las leyes que pidió la sociedad civil organizada, colectivos y activistas quedarían sin respuesta, a diferencia de aquellos casos de leyes de interés administrativo y político, a las que se les dio celeridad en su aprobación.
El 25 de septiembre, concluyen las actividades del trienio legislativo en donde se observó que temas como la elección del fiscal general del estado se resolvió en una semana (desde la aprobación de la renuncia hasta la toma de protesta del nuevo titular), o reformas a la ley orgánica que en poco más de un mes generó nuevas reglas de trabajo para la próxima legislatura, al igual que la homologación del proceso para elegir fiscal anticorrupción que se resolvió en menos de un mes (desde la presentación de la iniciativa hasta su aprobación), sin embargo, la ley sobre personas desaparecidas, la ley de movilidad, la ley de seguridad privada, las reformas para la despenalización del aborto, la ley de bienestar animal, las leyes reglamentarias para la revocación de mandato, la ley de participación ciudadana y la ley de paternidad, siguen esperando dictamen y en algunos casos una iniciativa como tal desde hace más de 2 años.
De acuerdo con la estadística legislativa, proporcionada por el Poder Legislativo, son 128 iniciativas pendientes de discusión, aprobación o rechazo, lo que representa el 27.4% de los asuntos trabajados durante 3 años. No obstante, en 34 meses se aprobó el 71.2% del total de asuntos ingresados, que fue de 466 al corte del mes de julio de 2024, es decir, el equivalente a 332 asuntos, cuyo promedio mensual fue de 9.7 iniciativas.
Pero temas como la ley sobre personas desaparecidas, la ley de movilidad del estado y la ley de participación ciudadana, quedarían en promesas para la presentación de una iniciativa, ya que, aunque fueron anunciadas por los legisladores Guillermo Vega Guerrero, Enrique Correa Sada y Graciela Juárez Montes, respectivamente, hasta el momento no ha habido formalización de los documentos.
En Materia de Movilidad colectivos han acusado “rebeldía legislativa”, ya que desde el 17 de noviembre de 2022 venció el plazo que estipuló la Ley General de Movilidad y seguridad Vial para que los congresos locales la homologarán en sus legislaciones estatales, motivo por el cual Agustín Osornio, representante de Saca la Bici, reprobó que Correa Sada pudiera reelegirse, ya que señaló irresponsabilidad y falta de interés para atender este tema.
En cuanto a personas desaparecidas, Yadira González, del colectivo Desaparecidos Querétaro, evidenció la falta de respuesta de Vega Guerrero, quien desde octubre de 2023 se comprometió a trabajar sobre una iniciativa, sin embargo tras las primeras mesas de trabajo y por procesos electoral suspendió toda actividad, misma que a al fecha no volvió a retomarse, y por lo cual se está considerando tener acercamientos con los futuros legisladores para poder avanzar con reformas que consideran agilizarán y optimizarán los procesos de búsqueda, para evitar revictimización y garantizar los derechos de las víctimas.
En materia de participación ciudadana, Juárez Montes, aseveró que se actualizaría la ley estatal para duplicar o triplicar las herramientas de participación ciudadana, ya que la ley vigente no ha sido reformada desde su creación y solo reconoce 5 mecanismos, por lo que juntos con asociaciones civiles se plateó el reducir el número de firmas para hacer uso de estas herramientas y reconocer nuevos mecanismos, como lo es el presupuesto participativo o la conformación de consejos ciudadanos.
La ley de Seguridad Privada, se presentó el 22 de junio de 2022, y surgió a partir de los hechos de violencia registrados en el estadio Corregidora el 5 de marzo de ese mismo año, para reglamentar las empresas que brindan este servicio, garantizar la capacidad de respuesta y capacitación del personal, así como para que cuenten con los protocolos ante algún incidente.
La ley de Protección, cuidado, y control animal, se presentó desde el 9 de junio de 2023, proyecto que generó el rechazo de algunos abogados y asociaciones de bienestar animal, pero que, pese a constantes anuncios sobre fechas de aprobación, no se ha concretado, misma situación de la Ley de Paternidad, que busca garantizar licencias de paternidad a servidores públicos del estado, que se ingresó desde el 2 de marzo de 2022.
En cuanto a temas que han generado polémica está la iniciativa que haría posible la revocación de mandato para el gobernador y los presidentes municipales, y que se presentó desde el 8 de abril de 2022, ya que a pesar de que se realizó una reforma constitucional para reconocer este mecanismo de participación ciudadana, actualmente no es posible ejercerlo o hacerlo aplicable en alguna administración, ya que no se cuenta con las ley correspondiente que dicte en qué casos se podrá solicitar, los requisitos y el procedimiento para ello.
Asimismo, y a pesar de que desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado criterios y ha resuelto que es inconstitucional penalizar a las mujeres por aborto, el Código Penal del estado sigue considerando un capítulo con penas que van desde 1 y hasta 12 años de prisión, y solo exime de la pena cuando haya sido por producto de una violación o que sea causado por la culpa de la mujer embarazada.
Es así que desde el 13 de julio de 2022 se ingresó un proyecto de reforma al Código Penal, el cual no registra avances en su análisis, por lo cual colectivas feministas ingresaron un amparo el cual fue radicado y se está a la espera de resolución, ya que se siguen abriendo carpetas de investigación, y hasta el mes de julio suman 29 casos.
