Con la desaparición del INAI también desaparecerán los organismos locales, alertó Javier Marra Olea, titular de Infoqro, quien señaló que se está buscando generar una reflexión sobre la importancia de su labor y no llevar a la desaparición.
Con la reforma a la fracción sexta del artículo 116 de la Constitución, desaparecen en el papel los organismos autónomos dedicados a la transparencia y la protección de datos en las 32 entidades, lo que se percibe como un retroceso significativo en el avance democrático del país, ya que se han dado resultados.
“Obviamente, eso es un tema que vemos con preocupación porque consideramos que en estos más de 20 años que han transitado, tanto a nivel federal como a nivel local, los diferentes organismos, que realmente somos jóvenes, hemos empezado a dar resultados (...) De no existir un organismo autónomo que no dependa de ninguno de los poderes que no dependa de ningún municipio, ninguna paraestatal. La experiencia y la lógica nos indica que va a haber situaciones usted lo han visto”.
A través de plataformas de transparencia, explicó que, cualquier ciudadano puede acceder a información crucial sobre funcionarios públicos, contratos gubernamentales, presupuestos y licitaciones, por lo que estos organismos han jugado un papel clave en este derecho.
No obstante, con su eliminación se reduciría la eficacia del sistema de transparencia que se tiene actualmente, y esta función recaería en los propios entes públicos, lo que podría generar conflictos de interés y otras situaciones que complicarían el acceso a la información.
En el ámbito local, indicó que la Infoqro es un organismo que cuenta con menos de 40 colaboradores, por lo que representa solo el 0.005% del presupuesto estatal, es decir que no implica una carga presupuestal, ni tampoco tiene duplicidad de funciones, como se ha argumentado para impulsar esta propuesta federal.
Por ello, desde el Sistema Nacional de Transparencia, está buscando generar un diálogo reflexivo sobre esta situación, entendiendo que, sin estos organismos, el ejercicio de derechos como la participación ciudadana y el acceso a la información pública se verá cada vez más limitado.
No obstante, precisó que apenas está comenzando el proceso legislativo, por lo que puede haber modificaciones para reconsiderar estos riesgos.
