Como un error y como falsa premisa, es como calificó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los cambios aprobados en la reforma judicial, ya que dijo esto no dará legitimidad a los jueces.
Durante el marco del tercer y último informe de actividades del Poder Judicial, expresó su rechazo a estas modificaciones constitucionales, y la necesidad de garantizar la independencia judicial como característica fundamental del Estado de derecho.
Aseveró que el voto popular, de ministros, jueces y magistrados, merma, disminuye, afecta, y elimina la independencia judicial, algo que afecta a todas las personas, ya que los poderes judiciales son garantes de derechos y el contrapeso al Ejecutivo y Legislativo.
Por ello, reconoció la política del gobierno estatal para no debilitar sino fortalecer a las instituciones, y que en este poder se vio reflejado en el fortalecimiento del presupuesto.
Así, dio cuenta de las actividades correspondientes del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, en donde se registraron 77 mil 425 casos de primera instancia, juzgados uni-instanciales y menores, lo que representó el 7.3 por ciento de incremento en la carga de trabajo general pero que, a pesar de ello, se incrementó la productividad.
En oralidad penal, refirió que hubo un incrementó del 3 por ciento de nuevas carpetas y 11 por ciento en celebración de audiencias; y se incrementó en 6.8% las audiencias y el sistema tradicional penal; mientras que en el Centro de Justicia Alternativa incrementaron los convenios en 70.2 por ciento.
De igual forma, destacó la creación de Ciudad de Judicial Querétaro y la de San Juan del Río, y el nuevo palacio de justicia, que tiene acceso universal para todas las personas, con lo que se “materializó una nueva etapa del poder judicial”.
En este balance, subrayó que la plantilla laboral creció en un 5.2 por ciento, en 3 años, y hoy suman mil 445 trabajadores de este poder, as75 a 80 juzgados, 3 laborales, uno familiar de medidas de protección urgentes en casos de violencia contra las mujeres y otro de oralidad penal.
Acciones de mejora interna, equipamiento vehicular, incorporación de herramientas tecnológicas, adecuación de espacios, puntualizó que fueron posibles debido a que en 2024 se logró el 100% del presupuesto solicitado, que ascendió a mil 396 millones 526 mil 723 pesos.
Como parte de los retos, compartió el que se permita poder participar en la creación de normas, y destinar recursos para la construcción de salas de audiencia y equiparlas con sistemas de grabación para transitar a la justicia digital y procedimientos en línea.
Cabe mencionar que se trata del último informe de Ponce Villa, ya que su gestión concluye el próximo 30 de septiembre.
