A partir de la próxima semana, el Tribunal Superior de Justicia comenzará con una gira por los municipios, esto con el objetivo de reconocer las necesidades en el sistema y construir con este diagnóstico el presupuesto para 2025, adelantó el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola.
El presupuesto destinado a este Poder representa el 2.25% del total del presupuesto estatal, que es de 61 mil 821 millones 252 mil 203 pesos, y en 2024 se aprobó un total de mil 396 millones 520 mil 723 pesos. De este recurso, se da cuenta que el 76.7% se destina a gastos de operación, es decir mil 071 millones 440 mil 380 pesos, mientras el 23.3%, que asciende a 325 millones 080 mil 343 pesos es para jubilaciones y pensiones.
En la actual administración estatal, el presupuesto ha crecido en 29.1%, ya que para el ejercicio fiscal 2023 fueron mil 224 millones 620 mil 028 pesos, y en 2022 fueron mil 081 millones 055 mil 816 pesos.
Luego de haber entrado en funciones en la presidencia, el pasado 1 de octubre, ahondó que realizará una serie de visitas a los juzgados de Querétaro, pero también acotó que se reunirá con colegios, federaciones de abogados y personal de los juzgados para escuchar sus inquietudes y construir un plan presupuestal que responda a las carencias del sistema judicial.
La gira arrancará en el distrito judicial de Tolimán, el cual, según Guerra Urbiola, es el que enfrenta las mayores complejidades y necesidades. Además, mencionó que visitará el juzgado mixto de esa región y posteriormente el de San Juan del Río y Jalpan de Serra, ello al destacar la importancia de mantener una visión integral.
Asimismo, agregó que sostendrá reuniones con el Consejo de la Judicatura y con magistrados para que el anteproyecto de presupuesto surja de las necesidades de todas las expresiones que trabajan en este poder.
Al ser cuestionado sobre el porcentaje de incremento presupuestal que se proyecta para este año, prefirió no adelantar cifras, pero puntualizó que, a pesar de la reforma judicial, el poder en lo local no se detiene y debe responder a las necesidades de las personas que tienen asuntos en litigio.
