La nueva administración del municipio de Ezequiel Montes, encabezada por el alcalde Iván Reséndiz Ramírez, ha expuesto una serie de irregularidades, tras concluir el proceso de entrega-recepción. Entre los problemas detectados destacan la posible existencia de “aviadores” y otras anomalías que podrían haber causado un daño al erario público de entre 12 y 14 millones de pesos.
Reséndiz Ramírez informó que ya se han iniciado procedimientos ante el Órgano Interno de Control y, de ser necesario, ante otras autoridades competentes para esclarecer las inconsistencias encontradas en diversas áreas. Enfatizó que en lo general también se recibió una administración con computadoras y tablets formateadas, sin control en archivos y pérdida de expedientes en recursos humanos y el padrón de proveedores y contratistas.
Entre las irregularidades mencionó que en la Oficialía Mayor se identificaron 18 personas que aparecen en la nómina, pero cuya presencia física no fue verificada. Asimismo, se están revisando los contratos de 80 empleados eventuales cuyos contratos concluyeron el 30 de septiembre, sin confirmación de que hayan trabajado efectivamente. Algunos de estos empleados han solicitado recontratación, mientras que otros no se han presentado.
En cuanto al DIF municipal, Reséndiz Ramírez señaló que se aprobaron pagos de indemnización y liquidación por un total de 735 mil 600 pesos a 8 funcionarios, una cifra que excede lo estipulado por ley, por lo que se busca recuperar el excedente pagado. Otro aspecto, que señaló, es de consideración, fue el hecho de que, durante el presente año, el municipio operó sin el comité de adquisiciones, lo que generó más de 600 requisiciones sin sustento, pagadas, pero sin constancia de los servicios brindados.
En el área de obras públicas, se encontraron cuatro proyectos sin garantías de cumplimiento, que suman más de 2 millones 24 mil pesos, además, de obras y servicios que exceden el periodo constitucional, con proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) adjudicados sin cumplir con las formalidades legales, por un total de más de 6 millones de pesos.
En seguridad pública, el alcalde reveló que, aunque se anunció la adquisición de 8 nuevas patrullas en septiembre, estas no funcionan, y su valor total asciende a 500 millones 760 mil pesos, por lo cual se solicitará la rescisión del contrato.
A esto se suma permisos apócrifos, por no contar con las firmas correspondientes, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mientras que, en servicios públicos municipales se encontraron 700 órdenes de servicio que no justifican el uso de materiales e insumos. Y en el Juzgado Cívico Municipal la existencia de registros de decomisos de drogas y sustancias ilícitas, pero no hay constancia del destino de estos materiales.
A pesar de esta situación, aseveró que no está en riesgo la operatividad, pero adelantó que buscará un incremento del 13.6% para el presupuesto 2025, y poder cumplir con los compromisos heredados y los nuevos proyectos.
Con este incremento se espera llegar a los 360 millones de pesos, y que, aunado a los programas de regularización de predios y transparencia en la recaudación de tianguis y mercado, se logrará cumplir con los proyectos.
