La batalla que el Poder Judicial del Estado Mexicano está librando hace dos meses, para evitar su captura por parte del poder ejecutivo y su aberrante estrategia de tómbolas, es uno de los pocos esfuerzos cívicos en la esfera federal que debemos atender los ciudadanos.
No es sólo porque representa la defensa de un principio fundamental de la república (la división del poder en tres instituciones) y el mantenimiento operativo de la estructura que decide quién es culpable y quién no en nuestro país: también es importante apoyar al Poder Judicial porque eso envía un mensaje claro al régimen sobre lo que no podemos tolerar, y le obliga a matizar sus afanes, o a mostrarlos sin pudor alguno para no renunciar a ellos.
Exhibir al régimen es un arma poderosa, y eso la sociedad mexicana a menudo lo olvida, convencida de que el cinismo que suelen mostrar sus gobiernos es una armadura impenetrable: no es así. Si a algo teme cualquier gobierno, es al escrutinio y exigencia públicos, consistentes y constantes.
Si el régimen de Morena cumple ya siete años demoliendo instituciones, aislando a nuestro país y empobreciendo a su población con dádivas, es porque ha contado con una amplia pasividad social, fundamentada en la captura de la conversación pública: se habla de los temas que le interesan al régimen, todos inocuos, y se hace con los peores abordajes posibles, como son el chisme y la mofa.
Pero hubo, en el pasado reciente, momentos en que la sociedad mexicana logró atacar los temas que sí le afectaban, y lo hizo con un abordaje útil; el resultado fue un repliegue del régimen, acobardado por la respuesta social. El caso más notorio en los últimos años fue la oposición a la Reforma Eléctrica, la cual provocó una discusión pública inteligente, sencilla y clara, que alcanzó a una masa crítica de ciudadanos y derivó en una movilización cívica insoslayable, en contra de las disposiciones legales propuestas por el gobierno.
Hoy como entonces, el régimen goza de amplia popularidad y legitimidad después de su triunfo en las urnas, pero eso no significa (igual que ayer) que pueda hacer lo que quiera: su popularidad y legitimidad están sujetas, como las de cualquier gobierno, a la percepción que una mayoría social tenga de él, más aún si, como es el caso, se trata de un régimen que vive de saliva y transferencias directas. Este régimen, y cualquiera otro, es vulnerable.
Así pues, construir una discusión pública en contra de la demolición y captura del Poder Judicial, es un acto cívico útil que debemos atender; a través de ella podemos llegar a la movilización amplia, y con esta última conseguiremos una de dos cosas: o el régimen se repliega y matiza sus afanes de captura, preservando así la separación de poderes y con él la libertad de vivir en una república, o abandona toda ficción democrática y salta al discurso totalitario sin eufemismos, que deberá afectar a una parte relevante de su base social. En todo caso, la sociedad gana y el régimen pierde.
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El proceso político que vivimos en México es irreversible, pero sus efectos no son inevitables: con una movilización social amplia y concreta se pueden mitigar en espera de condiciones propicias para cambiar el rumbo, o se pueden apresurar para precipitar ese escenario y pasar ya a otra cosa menos lesiva y castrante. La defensa del Poder Judicial puede ser el disparador de todo eso. Considérelo.
CAMPANILLEO
No se trata de defender a los jueces, sino de cuidar la seguridad jurídica de cada uno. Por ahí es.