El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, negó que a la menor Esmeralda se le haya acusado del delito de aborto, sino de homicidio, pues los peritajes realizados comprobaron que el producto de su embarazó nació vivo, respiró y posteriormente fue asfixiado.
En una entrevista con AR Noticias, explicó que la menor acudió a un hospital con el cuerpo del recién nacido, el personal médico fue quien avisó a la fiscalía sobre el deceso del menor para que se investigara la causa de la muerte.
“La razón por la que hicimos la imputación por homicidio fue porque tuvimos a un persona que nació, respiró, fue producto de una gestación de más de 36 semanas, por lo tanto tuvimos que realizar el desarrollo de las diligencias.
“Ante el conocimiento de un cadáver tenemos responsabilidad de conocer la verdad, las causas que motivaron la muerte de una persona; a partir de esto se verifican las causas del fallecimiento, lo cual fue por estrangulamiento, información ya compartida por declaraciones del poder judicial estatal”.
El fiscal añadió que los peritos se encargaron de realizar los estudios necesarios para sustentar la acusación, además de que en el cuerpo del recién nacido se encontraron huellas correspondientes a la causa de la muerte.
Acusación de abuso sexual
Al ser cuestionado sobre la denuncia que el embarazo fue producto de un abuso sexual, explicó que esto fue investigado y se comprobó que no existió el delito de violación, resolución que se notificó a la defensa de la menor sin que ésta la impugnara o se inconformara, aclaró que en ningún momento se pidió una reparación del daño de 560 mil pesos para un presunto violador.
“Enfáticamente aclaramos que jamás se pidió reparación del daño para un violador, seria absurdo que la fiscalía lo hiciera, tenemos claro que al responsables de un delito se debe sancionar, pero no solicitamos reparación del daño a favor de un delincuente, es parte de la información sacada de contexto por no conocer lo que sucedió”.
Víctor Hernández explicó también que la siguiente etapa del proceso es el deshago de las pruebas, las cuales serán valoradas por el juez para que establezca la sentencia para la joven que está en arraigo domiciliario, que puede ser de hasta tres años de prisión, pero en la individualización se puede dictar que no esté internada en ningún centro carcelario y hasta la imposibilidad de hacer la reparación del daño.
Finalmente, dijo que se reunirá con Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres del gobierno federal, para platicar y conocer el contexto de las adolescente, con el propósito de no revictimizarla, salvaguardar sus derechos, que todas las actuaciones se realicen con perspectiva de género y atender las causas de este hecho.
