Para 2025 los partidos políticos recibirían 139 millones 128 mil 383 pesos por concepto de financiamiento, así lo presentó la comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que representa un incremento del 7.03% respecto al año anterior.
Para este 2024, año en el que se realizó proceso electoral, se aprobó una bolsa de 129 millones 981 mil 433 pesos, mientras que en 2023 el monto fue de 115 millones 829 mil 555 pesos y en 2022, año no electoral, el monto fue de105 millones 778 mil 100 pesos.
Del recurso que se propone para el próximo año, se da cuenta que, Morena recibiría el 30.4%, es decir 42 millones 349 mil 108 pesos y 74 centavos, mientras que el 32.4%, es decir, 45 millones 154 mil 291 pesos y 70 centavos serían para el Partido Acción Nacional, siendo los que mayor recurso reciben, ya que entre ambos representan el 62.89%.
En este listado sigue PRI con 14 millones 339 mil 914 pesos y 04 centavos; PVEM con 13 millones 690 mil 945 pesos y 07 centavos; Movimiento Ciudadano con 13 millones 208 mil 648 pesos y 25 centavos; y 10 millones 385 mil 475 pesos y 84 centavos para el Partido Del Trabajo.
La presidenta de la Comisión, Karla Isabel Olvera Moreno, destacó que la proyección de financiamiento público para partidos políticos es un ejercicio preliminar que requiere aprobación del Consejo General, pero que se hace público para transparentar criterios y procedimientos utilizados para determinar dicho financiamiento.
Diana Jazmín Sánchez Martínez, coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que los partidos con al menos 3% de votación válida en la pasada elección de diputaciones tienen derecho a financiamiento público local, cuyo recurso debe destinarse a fines y actividades previstas en la normatividad.
En esta sesión, se explicó que el financiamiento se distribuye en un 70% de forma igualitaria y 30% proporcional a la votación obtenida. Además de que las cifras pueden tener alguna variación, en caso existir deducciones derivadas de sanciones impuestas a los partidos por los órganos jurisdiccionales en materia electoral.