Pese a que, durante los primeros días de actividad de la LXI Legislatura local, tanto PAN como Morena han subido a debate la eliminación de prerrogativas que reciben las y los diputados locales, hasta el momento ninguno de los partidos políticos ha ingresado de manera formal una iniciativa para hacer este planteamiento una realidad.
De acuerdo a lo publicado en la página oficial del legislativo local, la dirección de Servicios Parlamentarios no tiene registrado algún asunto en trámite sobre este tema, y el listado público consultable indica que hay 35 iniciativas ingresadas desde el 26 de octubre, cuyo primer tema es no prescripción de delitos sexuales cometidos en menores de 18 años, y el último con fecha del 18 de octubre, se trata de un exhorto para la adquisición de un acelerador línea de última generación, considerado en el presupuesto de salud para 2025.
La primera propuesta de eliminación de prerrogativas se dio a conocer el pasado 8 de octubre, en rueda de prensa, por el diputado local del PAN, Mauricio Cárdenas Palacios, en donde detalló que se buscaba una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para eliminar este concepto, que representa un gasto de 60 millones anuales.
En este marco precisó que cada legislador recibe 200 mil pesos mensuales por este tema, así como una dieta (salario) de 56 mil pesos, 40 mil pesos trimestrales para asesoría y 150 mil pesos anuales para capacitación.
En respuesta, legisladores del partido Morena, el 9 de octubre, planteó la eliminación de prerrogativas y gastos “suntuosos” de los tres poderes y organismos autónomos, proponiendo la eliminación de una serie de pagos por concepto de: pago de asesores, consultores y asesorías; viáticos internacionales y fuera del estado; restaurantes y hospedaje en hoteles; reparación de vehículos y gasolina para funcionarios públicos; subsidios y donativos que se otorguen de manera discrecional; arrendamiento de vehículos; seguros de vida o de prestaciones médicas; equipos celulares, así como límites en el gasto de comunicación social y mensajes ciudadanos o tomas de protesta.
De acuerdo con la ley orgánica, “las iniciativas presentadas se harán del conocimiento público en el portal de internet de la Legislatura, en un plazo de 10 días hábiles”, sin embargo, en ninguno de los dos casos se ha mostrado el documento sellado por oficialía de partes.
