Con el fin de abordar la creciente problemática del abuso sexual infantil en Querétaro, el diputado local Paul Ospital, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para crear una “Ley Estatal del Registro de Agresores Sexuales”. De ser aprobada, esta ley convertiría a Querétaro en la tercera entidad en México en contar con un registro de este tipo, después de Ciudad de México y Baja California.
El objetivo central de la propuesta es identificar, monitorear y aplicar restricciones a las personas que hayan sido condenadas por delitos de abuso sexual, incluso después de cumplir sus penas. Entre las restricciones que se plantean están la limitación en la obtención de licencias de conducir y en el acceso a ciertos empleos. Esta medida, explicó Ospital, es una forma de reforzar el control estatal sobre aquellos que han cometido este tipo de delitos, impidiendo que ocupen posiciones donde pudieran representar un riesgo para la sociedad.
Ospital enfatizó la gravedad del abuso sexual infantil y destacó que, en muchos casos, este problema permanece oculto dentro de las familias. Según datos mencionados por el legislador, el 70% de los casos de abuso infantil son perpetrados por familiares cercanos, mientras que solo el 2% de los delitos se denuncian, lo que indica una realidad alarmante y subregistrada.
El registro estatal también permitirá que las víctimas directas tengan acceso a la información y, si así lo desean, puedan hacer pública la identidad de sus agresores. Esta iniciativa fue diseñada con el apoyo de organizaciones como Corazones Mágicos, que trabajan en Querétaro atendiendo psicológicamente a menores que han sufrido abuso dicha institución ha brindado asistencia a más de 250 niñas y niños, quienes necesitan terapias prolongadas para enfrentar el trauma que genera este tipo de violencia.
Paul Ospital argumentó que el registro debe ser una herramienta para identificar, perseguir y estigmatizar a los victimarios, reflejando de alguna manera el daño permanente que dejan en las víctimas. En sus palabras:
Destacando así la idea de una sanción social adicional que limite las posibilidades de reintegración de los agresores en ciertos ámbitos.
La propuesta también plantea que el acceso a este registro esté disponible para entidades como la Fiscalía General de Querétaro y el Tribunal Superior de Justicia, asegurando que puedan actuar preventivamente y con mayor rigor en la protección de la infancia. A través de esta medida, se espera no solo castigar a los agresores, sino también contribuir a un cambio social que permita atender con mayor eficacia un problema que afecta a una de cada cinco niñas y uno de cada diez niños en México.
