Un grupo de trabajadores de bares, entre meseros, cocineros y administrativos, reclamaron al gobierno estatal por la clausura de más de 70 establecimientos en las últimas dos semanas, señalando que más de 5 mil personas y 700 familias han visto afectados sus ingresos.
En rueda de prensa, los inconformes argumentaron que, si bien están de acuerdo con el incremento en la seguridad dentro de los establecimientos, son los trabajadores del gremio quienes quedan desprotegidos en los cierres, lo que, reprocharon, ya ocurrió durante la pandemia de Covid-19.
“Se está coartando nuestro derecho al trabajo de forma categórica, satanizando el medio nocturno. Sin embargo, yo me pregunto, ¿quién permitió operar esos 70 negocios con anomalías durante tanto tiempo? ¿Quién dio esos permisos?”, cuestionó uno de los afectados.
Tras el reclamo, el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, sostuvo una reunión con representantes de los bares y restaurantes clausurados, con quienes llegó a un acuerdo para que subsanen las anomalías menores y puedan reabrir lo antes posible.
“Habrá algunos giros con focos rojos que se tendrán que solucionar de una manera externa, pero la mayoría de lugares, el secretario de Gobierno nos autorizó y nos apoyó para que se reabran de una manera prácticamente inmediata, obviamente solucionando las anomalías correspondientes”, señaló David Rivera, sub gerente del Bar Salamandra.
El cierre masivo de lugares se dio luego de que el gobierno estatal con los municipales firmaran un convenio para endurecer las revisiones en sitios con venta de alcohol. Esto, a raíz del multihomicidio perpetrado en Los Cantaritos del pasado 9 de noviembre.
