La Fiscalía General del estado y la Defensoría Penal Pública del Estado, aceptaron y están dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por el caso de Esmeralda, menor que enfrentó un proceso penal acusada de homicidio tras un aborto accidental, producto de una violación.
El ombudsperson, Javier Rascado Pérez, ahondó que ya se realizó la inscripción de la víctima en el registro estatal, lo que le garantiza seguimiento psicológico, así como una indemnización por concepto de reparación del daño, monto que deberá ser revisado por la Comisión estatal de Atención Integral a Víctimas.
“Fue afirmativa la respuesta, se aceptan las recomendaciones, y eso nos lleva a nosotros a estar atentos al cumplimiento de la misma, ya existió la inscripción en el registro, hasta donde tengo entendido o eso es lo que nos manifiestan, por eso nosotros ahora estaremos en la siguiente fase de la constatar el cumplimiento”, explicó.
De acuerdo con la recomendación (270)11/202, se acreditaron violaciones a derechos humanos por la falta de perspectiva de género y sensibilidad hacia los derechos de las mujeres y niñas en este caso, por lo que se solicitó el deslinde de responsabilidades y la investigación correspondiente para los servidores públicos y en su caso las sanciones, además de cursos de capacitación con perspectiva de género, para la no repetición.
“Tenemos entendido que ya se iniciaron procesos internos, no tengo el dato de los funcionarios, pero lo está llevando el órgano interno de control”, agregó.
Este caso logró llegar a ser parte de las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se tuvo la intervención de la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández.
Fue el pasado 30 de octubre cuando la funcionaria federal anunció el cierre de esta investigación, pero también llamó a las autoridades estatales a legislar sobre la despenalización del aborto y con ello evitar repetir estos casos, ya que desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no se puede criminalizar a las mujeres por abortar.
Ante la demanda de la colectiva Adax Digitales, que lamentó que la DDHQ solo atienda y resuelva sobre los casos mediáticos, aclaró que cada una de las quejas se están investigando.
