A más de 140 días de haber arrancado la LXI Legislatura local no se ha avanzado en la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el estado, motivo por el cual el Observatorio Ciudadano de Movilidad cuestionó la “rebeldía legislativa”.
A un mes de haberse presentado una iniciativa por el legislador Arturo Maximiliano García, se lamentó que no haya habido pronunciamiento alguno por el presidente de la comisión de Movilidad, Enrique Correa, ni de los integrantes Blanca Benítez Estrada y Mauricio Cárdenas Palacios.
“No ha dado un solo pronunciamiento acerca de esta propuesta. Todos los días hay percances de tránsito, con personas lesionadas y muchas de ellas fallecidas. ¿Por qué le importa tan poco a esta Comisión la vida de las personas? ¿Qué clase de personas insensibles ante una diaria y dolorosa realidad tenemos en esa Comisión? ¿Seguirá sin ninguna consecuencia la rebeldía legislativa en el estado de Querétaro?”, resaltó el vocero del observatorio, Sergio Olvera.
La Ley General entró en vigor el 17 de mayo de 2022, en el que se daba un plazo de 180 días para que los congresos locales realizarán la armonización y adecuación de las normativas estatales, sin embargo, hasta el momento no se ha avanzando en el tema, por ello desde noviembre de 2022 se mencionó que se estaba incurriendo con esta ley.
En la evaluación realizada a la propuesta que fue desarrollada en colaboración con colectivos ciclistas, la Coalición QM21 y la Agenda Ciudadana, en cumplimiento de un compromiso firmado durante la reciente campaña electoral, se identificó que “pone el foco en lo más importante: la protección de la vida e integridad física de las y los usuarios del espacio público en Querétaro”.
Los puntos claves se encuentran en el artículo 7, que establece que el sistema de movilidad debe garantizar condiciones que protejan al máximo la vida, integridad física y salud de las personas. Además, el artículo 18 subraya que la movilidad debe estar diseñada para prevenir lesiones graves y muertes; establece los principios como accesibilidad, diseño universal, eficiencia, inclusión, igualdad y resiliencia para el diseño y construcción de vialidades, obligando a que estas sean diseñadas para tolerar el error humano y minimizar accidentes fatales; propone la creación del Fondo de Movilidad Sostenible y Segura para financiar proyectos de movilidad sustentable; se garantiza el acceso a datos como número de vehículos, infracciones y licencias canceladas; y prohíbe la construcción de puentes antipeatonales, promoviendo en su lugar cruces a nivel de calle, entre otras.
No obstante, consideraron que faltan aspectos como el derecho al juego de las infancias en el espacio público y la creación de una instancia especializada en atención a víctimas de siniestros de tránsito, por lo que se conminó a realizar la revisión de la propuesta y avanzar con este pendiente.
