La ley del Infonavit surgió para frenar la corrupción estructural, resaltó Morena Querétaro, al celebrar los cambios aprobados por el Congreso de la Unión y rechazar que se trate de una afectación a los ahorros de las personas trabajadoras.
Ángel Balderas Puga, secretario de organización, celebró que casi el 80% de los integrantes de la Cámara de Diputados y las dos terceras partes del Senado hayan votado a favor.
“La ley es para corregir y permitirle al Infonavit construir vivienda, pero no con fines de lucro. Y están molestas las empresas corruptas, abogados, notarios que ganaban con juicios masivos y eso tiene un punto final. Nada tiene que ver con el dinero de los trabajadores”.
El Infonavit, apuntó que durante décadas estuvo dirigido por tres direcciones: representantes de trabajadores, de empresarios ligados al sector inmobiliario y una dirección del gobierno, y que avalaron financiamiento privado para la construcción de vivienda, y que en muchos casos se dejaron adeudos e incumplimientos, además del uso de intermediarios financieros no regulados y que quitaba control de los recursos de los trabajadores.
“El este esquema había indefensión de las y los trabajadores y los número son espantosos, por ejemplo en los últimos 11 años, de 143 mil viviendas autorizadas solo se construyeron 35 mil y de esos muchas tenían vicios y malas condiciones”.
Por ello, rechazo las críticas expresadas por Acción Nacional en que se afecten los ahorros de los trabajadores, y que Morena esté en contra del sector inmobiliario, pero el gobierno no debe estarlos financiando, ya que dijo estás posturas se emitien sin sustento.
En este mismo marco, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Gisela Sánchez, acusó que en los últimos días ha habido violencia sistémica en contra de perfiles del partido, quienes han enfrentado acoso y menoscabo, como el caso de la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega.
Lamentó el conflicto laboral en el que está inmerso el municipio, y en donde precisó se observa una situación compleja, ya que se trata de adeudos de administraciones pasadas, y que se busca liquidar en la administración morenista.
Asimismo sumo los casos de señalamientos en contra del regidor Fernando Flores y lo sucedido con el diputado federal, Gilberto Herrera Ruíz.
