El partido Morena Querétaro rechazó tener algún tipo de injerencia en las manifestaciones de comerciantes, registradas en el Centro histórico. Gisela Sánchez Díaz de León, presidenta del comité Ejecutivo Estatal, reiteró que existe “guerra sucia” en contra del partido y liderazgos.
Lamentó que se esté utilizando una fotografía de una rueda de prensa, del 6 de marzo, en la que se exigió seguridad para la marcha del 8 de marzo, pero que en este contexto se está señalando a Morena de financiar los movimientos de mujeres artesanas.
“Lo cual es totalmente falso, no hay ninguna prueba que lo diga; ese día la conferencia tuvo el objetivo de plantear la necesidad de seguridad del 8M y la compañera Diana Arlette Chávez presentó este punto y la discriminación institucional que viven las mujeres artesanas”.
Sin embargo, resaltó que la población indígena, además de enfrentar discriminación también fue excluida para el plan municipal de desarrollo, ya que en ningún momento se les consultó, por lo que llamó a la protección de los derechos humanos de mujeres y niñez, que también están siendo afectados.
“No es la primera vez que se da este operativo de violencia, y no ha habido consulta para planeación y desarrollo, y esto en diferentes niveles, en la legislatura no se ha actualizado la reforma constitucional de pueblos originarios. Entonces vemos una serie de deficiencias en todos los niveles”.
Ángel Balderas Puga, secretario de organización, enfatizó que existe una campaña de la guerra sucia, e incluso sumó la situación de las acusaciones en contra de Gilberto Herrera, por nerviosismo del PAN rumbo al 2027.
En este mismo tema, en el Congreso local, el diputado Ulises Gómez de la Rosa, subió a sesión de pleno un punto de acuerdo de urgente resolución, para una comparecencia, ya que refirió que, por segunda ocasión y en menos de 6 meses, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Olvera Macías, ordenó un “ataque disfrazado” de operativo de ordenamiento contra niños, mujeres y hombres indígenas.
“Necesitamos que el presidente municipal comparezca ante este poder legislativo del Estado de Querétaro, dada la reincidencia de su administración en actos de violencia en contra de seres humanos. La sociedad requiere de una explicación sobre los hechos mencionados y que nosotros como representantes populares, actuemos sin ser meros observadores”.
Aunque esta solicitud no tuvo ningún avance o proceso, remarcó que el objetivo era identificar al funcionario público responsable del operativo ordenado, el número de servidores públicos que participaron, vehículos utilizados, número de detenidos, horario del operativo, medidas tomadas como consecuencia del operativo, entre otros, y fijar la fecha para la comparecencia.
