Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas describen el sentimiento que viven en Querétaro. La falta de información, falta de leyes homologadas, falta de protocolos, han generado incertidumbre para las personas que buscan a sus hermanos, padres, hijos y amigos en el estado.
En entrevista para Publimetro Querétaro, Yadira González, coordinadora del colectivo Desaparecidos Querétaro, explicó cómo desde su experiencia se vive ese proceso para las personas buscadoras, en el que las autoridades e instituciones que deberían apoyar con información clara y precisa, no lo hacen.
“Desde que tu familiar desaparece, es una lucha constante para estar velando por sus derechos, por sus intereses, pero al mismo tiempo es muy dilatoria porque los familiares no conocemos de un inicio sobre las leyes, sobre los protocolos, sobre nuestros propios derechos y nadie en las fiscalías, incluso en las defensorías quienes tendrían que darte esta información, no lo hacen, pareciera ser que ellos mismos quieren evitarte ese conocimiento”
Pero la problemática en el estado va más allá de la falta de información, el 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por la grave crisis de desaparecidos que vive el país y según señala Yadira González esta no ha sido homologada en Querétaro, por lo que se entorpecen los procesos de búsqueda en la entidad.
“En el estado de Querétaro sigue existiendo la característica o la etiqueta de persona no localizada y, cuando hablamos de persona no localizada, pues entonces no se activan estos protocolos, Querétaro sigue manejando las 72 horas, que son vitales para la localización de una persona. Incluso, por ejemplo, el protocolo habla de la activación de otros protocolos como el protocolo Alba o como el protocolo Amber y que Querétaro al tener esta etiqueta de persona no localizada, pues en ese sentido no se activan estos otros protocolos hasta esperar a que pasen las 72 horas y el fiscal designe o decida que ya es una desaparición”.
Señaló que estas condiciones en las que se encuentra el proceso radican en la falta de homologación de la ley antes mencionada en el estado de Querétaro y que no está en el radar de la legislatura local.
“Tendríamos que partir de que no existe una ley homologada, que eso le toca a la legislatura, después no existe, un titular en la Comisión de Atención a Víctimas que eso nos deja indefensos porque al no existir una titularidad en la Comisión de Víctimas en el estado de Querétaro no puede bajar los recursos suficientes desde la Federación y entonces esa es una institución inoperante porque no tiene los recursos suficientes, obviamente primero económicos, después esto genera que no puedas contratar al personal suficiente como por ejemplo asesores jurídicos, si no existe un asesor jurídico, pues te dejan la indefensión porque no hay quien te asesore y defienda ante la fiscalía general de Querétaro que además se avala con que ellos tienen una ley carente de derechos en los que ellos se escudan para no hacer el trabajo”.
Cabe señalar que en Querétaro la ley que existe en materia de desapariciones es la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro, que data de 2014 y su última modificación fue el 5 de febrero de 2016, desde ese día a la fecha se han registrado 302 personas desaparecidos, con ficha de búsqueda activa por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Es por ello que Yadira González señala que el primer paso debe ser robustecer las leyes locales en esta materia para proteger los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias que los están buscando en la entidad:
“Lo que las familias de desaparecidos o familias que buscan a alguien desaparecido necesitamos es un paquete de tres leyes, tanto la ley de víctimas, la ley de desaparición forzada y entre particulares y la declaratoria de ausencia. Esto es lo que digamos, el normativo para que nosotros podamos acceder a todos los derechos y, además de que las instituciones se aboquen a las leyes ya existentes y a los protocolos de actuación”.
