Desde este lunes, el Congreso local puso en marcha los filtros de seguridad para el acceso al recinto, como parte de un sistema de control implementado desde abril de 2024 con la instalación de torniquetes, lectores biométricos, arcos de seguridad y barreras peatonales.
Este sistema tuvo un costo de más de 994 mil 412 pesos, adjudicación que arrancó durante la presidencia del diputado Gerardo Ángeles Herrera en la LX Legislatura local, y se había mantenido inactivo debido al rechazo expresado por Morena y PT, debido a las “limitantes” que se observan para la ciudadanía en cuanto a seguridad y accesibilidad.
La presidenta de la Mesa Directiva, Andrea Tovar Saavedra, aclaró que esta medida no fue aprobada por su presidencia, y reiteró su postura en contra al limitar el acceso al recinto.
“Rechazo categóricamente cualquier acción que pueda derivar en la vulneración de los derechos humanos de las y los ciudadanos, así como de quienes laboran en este recinto legislativo. La protección de los derechos fundamentales, así como mantener las puertas abiertas a la Casa del Pueblo, es un principio rector de mi gestión y reitero mi compromiso con las y los visitantes, así como velar por la dignidad y la seguridad de todas las personas”, expresó.
Por ello, informó que se solicitó una revisión exhaustiva de las decisiones administrativas que llevaron a la implementación de este mecanismo, y se dijo abierta a escuchar y trabajar para garantizar que se respeten los derechos humanos y se actúe con transparencia.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega, aseguró que estas medidas no restringen la entrada a ninguna persona, sino que buscan mantener un mayor orden y seguridad en el inmueble, por lo que solo entregando una identificación e informando el motivo de visita se puede acceder.
En este mismo sentido, la diputada Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que la activación de estos filtros responde a incidentes ocurridos en el interior del recinto, desde la extracción de materiales pequeños hasta la interrupción de sesiones legislativas por parte de asistentes.
Por ello, resaltó la necesidad de modernizar el acceso mediante la detección de metales y otros objetos, garantizando así la seguridad de las cerca de 300 personas que laboran y visitan el Congreso.
La implementación de estas medidas fue aprobada por los grupos legislativos del PAN, PRI, y MC.
