El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, anunció la conformación de una “lista negra” para vetar a desarrolladoras que, dentro o fuera de la entidad, cuenten con reportes de incumplimientos en la entrega de fraccionamientos.
Luego de que vecinos de la residencial Bukära Coto Club denunciaran a la constructora por presunto fraude, el edil reconoció que existen desarrollos con más de 20 años en el abandono respecto a los servicios o a la entrega formal ante el municipio.
Ante ello, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano ya trabaja en un registro de empresas inmobiliarias, para que aquellas con incumplimientos hacia sus clientes no puedan obtener licencias de funcionamiento para construir en la capital.
“No vamos a permitir impunidad. Por eso, en mi administración, desarrolladores que dejan colgada a la gente y que todavía quieren venir a solicitar nuevos permisos y licencias de construcción se les están negando, estamos generando una lista negra de desarrolladores incumplidos”, dijo.
Macías Olvera señaló que varias de las desarrolladoras incumplidas enfrentan procesos judiciales abiertos o ya dejaron de existir, por lo cual indicó que la lista también servirá para exigir cuentas a las inmobiliarias sobre sus trámites y requisitos.
En el caso específico de Bukära Coto Club, aclaró que se trata de un conflicto entre particulares —en este caso, Corporativa de Querétaro Milenio III—. No obstante, indicó que dará instrucciones al secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, para que reciba a los vecinos afectados y resuelva sus inquietudes.
“Daremos seguimiento y daremos vista respecto a lo que a nosotros nos toca para sancionar en este caso y en todos los demás como se ha venido realizando. Yo le encargo muchísimo al secretario de Desarrollo Urbano poner orden en este tema, que sean sanciones ejemplares y que sea la revocación total de permisos y de la posibilidad de que vuelvan a desarrollar estar personas”, sostuvo.
Añadió que otra de las estrategias de su gobierno para evitar abusos de inmobiliarias será impedir los cambios de uso de suelo de no urbanizable a urbanizable, que servirá para blindar las Áreas Naturales Protegidas.
