Diputados, que no son de Acción Nacional, están plagiando iniciativas, acusó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXI Legislatura local, quien señaló que esto amerita sanciones para las personas legisladoras, así como un llamado de atención para sus equipos de asesores.
“Hemos encontrado 2 o 3 plagios o copias de iniciativas que fueron presentadas a nivel federal o estatal en otros lugares y que son copias burdas que estaremos dando a conocer”, reveló.
Aunque evitó revelar mayores detalles o los temas en los que se identificaron estas prácticas, explicó que da la pauta para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo e incluso considerar sanciones para quienes incurran en ello.
Apuntó que, aunque la responsabilidad es de la persona legisladora, también se debe verificar la labor del equipo de asesores, que muchas veces solo hacen “copy-paste”, sin considerar que no es el mismo contexto que se tiene en otras entidades a lo que sucede en Querétaro, por lo que se manifestó en contra de esto.
“Me da a pie para poder, me parece, presentar alguna iniciativa para que la ley orgánica lo prohíba y establezca sanciones. Lo que les puedo decir es que no son del PAN”, enfatizó.
En cuanto a la intención de replicar iniciativas que fuesen casos de éxito en otras entidades, apuntó que es válido retomarlas si se tiene el permiso del autor, e incluso cuando se habla de homologaciones, pero en otro tipo de temas, consideró que se trata de “abuso”.
“Hay unas que se presentan como creación de los autores, pero que en realidad son copias de lo que ya hicieron en otros estados, y se presentan aquí con ruedas de prensa y todo, y pues se falta a la inteligencia”.
Esto ante las críticas que se han suscitado por el número de iniciativas “congeladas”, en las que muchas veces, se protege a las personas diputadas que incurren en esto o que el trabajo legislativo presentado no está acorde de la realidad jurídica o social.
En México, el Código Penal federal establece sanciones de prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3 mil días multa, a quien “especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública; al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos; y a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”, sin embargo, no se ha generado algún apartado o legislación sobre este tipo de prácticas en el Poder Legislativo federal o locales.
