Con el objetivo de que el presupuesto para programas sociales no disminuya, legisladores de Morena, Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, en la LXI Legislatura local, ingresaron una iniciativa de reforma al artículo 6° de la Constitución para convertirlos en derecho.
Al igual que ya se hizo a nivel federal, se trata de un proyecto encaminado a garantizar el bienestar social y los derechos humanos, explicó la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, al remarcar que es una exigencia de la ciudadanía.
“Para poder hacer que estos programas sociales sean un derecho y no sean nada más monedas de cambio para temas electorales o políticos, sino lo que estamos garantizando es” que podamos tener el fortalecimiento de un bienestar en Querétaro, para todas y para todos”.
Reconoció la suma de Movimiento Ciudadano en esta propuesta, ya que con este cambio se da igualdad de oportunidades, pues también se busca desvincularlos de cualquier padrón partidista, abriendo su acceso de manera universal para todas y todos los queretanos.
El diputado de Morena, Arturo Maximiliano García, agregó que los programas sociales son acciones para atender necesidades, por lo que no se debería condicionar a nadie, ni quedarse como programas coyunturales.
“Esto es el reconocimiento de que muchos de estos programas tienen elementos positivos, esa es la interpretación y la lógica de hacer este planteamiento”.
Destacó que en este año se estima que sean más de 717 millones de pesos los destinados a estos.
Por su parte, un diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital, enfatizó que esta suma de esfuerzos también apuesta para que no se quiten y que sean progresivos y que, en los próximos presupuestos, no se les reduzca un solo peso y sí que se sigan ampliando.
“Somos partidarios de las buenas ideas, como los programas sociales anunciados por el gobernador Mauricio Kuri”, destacó al puntualizar que al tratarse de programas propuestos por un gobernador emanado de Acción Nacional debería encontrar el respaldo de todas las fuerzas políticas integradas en el Congreso.
Al ser cuestionados sobre el uso del recurso público destinado a estos programas, explicaron que no se tienen algún mecanismo de vigilancia o supervisión, toda vez que eso ya está en las leyes vigentes y en caso de un uso diferenciado a la naturaleza de su creación, podría tratarse de corrupción, y se cuenta con las autoridades encargadas de revisar y sancionar estas acciones.
