La reforma judicial local ya avanzó en el Congreso local, y luego de que, el pasado 14 de marzo, venció el plazo que tenían los Congresos locales para armonizar la reforma federal, este jueves en comisiones unidas se aprobó un predictamen, que plantea la posterior adecuación de al menos nueve leyes secundarias.
El dictamen incluye reformas constitucionales, como el establecimiento del derecho ciudadano a elegir mediante voto directo a jueces y magistrados, la desaparición del Consejo de la Judicatura, y la creación de dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
En esta discusión se tuvo el rechazo de representantes de la Cuarta Transformación, y en voz de la diputada Andrea Tovar se acusó que esta propuesta no reflejaba los principios ni el espíritu de la reforma federal, ya que no establece mecanismos para elección de jueces y magistrados, se omiten las listas ciudadanas y no hay mención del Comité de evaluación, por lo que advirtió que su ambigüedad normativa podría comprometer su validez.
“Dejar fuera estos mecanismos, es dejar la puerta abierta a que el proceso siga controlado por los mismos de siempre, eso no es transformación, es simulación. no se trata de estar a favor o encontra sino de hacerla bien”.
En este mismo sentido la diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, lamentó que el dictamen se realizó sin consulta a los legisladores impulsores de las iniciativas originales, pero sobre todo, cuestionó la eliminación de elementos fundamentales como: el procedimiento para elegir jueces y magistrados; la obligación de justificar demoras judiciales ante el Tribunal de Disciplina; el principio de paridad de género en la elección de magistraturas; la regulación de campañas judiciales y sus sanciones, entre otros.
“De aprobarse en este sentido generaría un sin fin de amparos en contra de la reforma, que desde luego serían otorgados por los juzgados de distrito, generando un conflicto innecesario entre el Legislativo y el Judicial”, advirtió.
También lamentó que se haya añadido el cargo de manera vitalicia en caso de ganar la reelección, algo que no se ha visto en otras entidades.
En respuesta, el presidente de las comisiones unidas, Guillermo Vega Guerrero, reconoció que existe riesgo de amparos, total como sucedió a nivel federal, toda vez que se trastocó en un sistema, sin embargo, remarcó que lo que le dará fuerza al documento es que haya un proceso legislativo impecable, transparente y legal.
“Yo no quiero ser agorero del mal, pero sí anticipó que va a haber temas de impugnaciones”, comentó.
A partir de este avance, el dictamen ahora será enviado a los 18 ayuntamientos del estado para su revisión y retroalimentación, y se espera que su votación en el pleno sea en mayo.
Cabe mencionar que este dictamen fue defendido por los representantes del PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que por parte del PRI y PVEM no se obtuvo ningún posicionamiento.
