A días de haberse solicitado el cambio de comisión de la iniciativa para la despenalización del aborto, el diputado Arturo Maximiliano García, sentenció que, de no tener una respuesta, el tema llegará hasta los tribunales.
Esto al señalar que ha habido retrasos legislativos desde su asignación, por lo que se esperaría que fuese dirigida a la Comisión de Derechos Humanos, al considerarla como la más adecuada para la discusión y dictamen.
“Nosotros pensamos que Derechos Humanos podría ser una de las comisiones más adecuadas para poder darle causa ya a un dictamen y estamos esperando que tanto Mesa Directiva como Junta de Concentración nos hagan llegar una respuesta”.
No obstante, precisó que se tendrá diálogo con los colectivos, al ser una petición y proyecto emanado de estos, pero se dará un lapso de 30 días para una respuesta, ya que dentro de la agenda de la comisión de Administración y Procuración de Justicia este tema no está en la agenda.
“Insisto, estamos tratando de encontrar todos los elementos jurídicos para hacer la solicitud, pero si se nos niega este derecho de petición, que los ciudadanos, en uso de sus facultades, se solicite ya fundamentalmente alguna otra posibilidad de los tribunales federales”.
El 31 de octubre de 2024 se presentó la iniciativa de ley para garantizar el aborto legal y seguro en el estado, y contempla cambios en el Código penal, tales como precisar que se considera aborto, a la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, y se impondrá de 1 a 3 años de prisión, a la mujer que voluntariamente o persona gestante practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. Asimismo, señala penas de 5 a 8 años de prisión para aborto forzado, y si hay violencia física, moral, psicológica o de carácter económico será de 8 a 10 años, pero si está acción es realizada por un médico o auxiliar “se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”.
En este paquete hay reformas a la ley de salud, en las que se habla que es un procedimiento médico que se realizará a solicitud de la mujer embarazada previo a las 12 semanas de gestación en las instituciones públicas de salud, pero solo en los supuestos de las causales excluyentes de responsabilidad penal, en las que destaca: que el embarazo sea resultado de una violación, cuando la embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, que el producto presente alteraciones genéticas o congénitas que puedan poner en riesgo la sobrevivencia, entre otras.
