Legisladores locales de Morena, buscarán realizar una encuesta ciudadana, junto con el gobierno estatal para conocer la opinión de la ciudadanía, sobre el proyecto Batán, que plantea potabilizar agua para las necesidades de la zona metropolitana.
El diputado Eric Silva, refirió que los resultados de la encuesta realizada este domingo, la cual tuvo una participación de 756 personas, arrojaron que más del 98% de las personas no conocen el proyecto, en donde también se registró que el 96.03% no está de acuerdo en potabilizar el agua de drenaje para consumo humano, frente a un 3.83% que si lo está.
Además, se interrogó sobre la cobertura del servicio, en donde el 89.55% de los encuestados indicó contar con acceso a agua potable, mientras que apenas el 10.31% respondió no tenerlo. Respecto a la inversión contemplada, de más de 41 mil millones de pesos, el 96.3% sostuvo que se manifestó en contra y sólo el 3.83% lo apoyó.
Ante estos datos, dijo que se cuestiona la consulta realizada por el gobierno estatal, que asegura contar con amplio respaldo ciudadano para la ejecución del proyecto.
“Ante esta discrepancia tan grande, yo creo que si deberíamos ir analizando el poder llevar a cabo una nueva una nueva consulta, una consulta que si nos brinde verdaderamente un panorama verdadero sobre el sentir de la ciudadanía y de si sí quieren o no quieren aprobar, si aprueba o no la ciudadanía este proyecto. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a buscar, vamos a pedirle este gobierno del estado que podamos trabajar en conjunto”.
En paralelo a este ejercicio, este lunes se desarrolló un parlamento abierto en el Congreso local, para discutir el proyecto ingresado el pasado 4 de junio. El análisis formal iniciará este martes en comisiones unidas de Planeación y Presupuesto, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Durante el mismo proceso de análisis, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, calificó la propuesta como un “cheque en blanco” a favor de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), señalando al menos diez irregularidades legales y financieras en el decreto.
Entre las observaciones más graves, Díaz Gayou destacó que el decreto pretende autorizar acciones aún no detalladas, delegando su definición al contrato de Asociación Público-Privada (APP), lo que implicaría aprobar el proyecto sin conocer a fondo sus alcances y condiciones, siendo “un contrato forzoso de 30 años irrevocable”.
Otro punto crítico es que se contempla una capacidad de hasta 1,800 litros por segundo de agua potable, sin exigir que el sistema alcance esa meta. Además, se pretende aprobar el decreto antes de que se realice el análisis financiero de la CEA, en contravención del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a realizar ese estudio previamente.
También denunció que el monto a aprobar, de 41 mil 400 millones de pesos, podría elevarse según lo estipulado en el contrato, dejando a discreción de la CEA modificar los montos sin control legislativo.
También dijo que se plantea que todos los ingresos del organismo se usen como garantía de pago al desarrollador, y que el estado actúe como aval usando futuras participaciones federales. Otro gasto no contemplado en el análisis de viabilidad es el de 543 millones de pesos anuales en energía eléctrica, que correrían por cuenta de la CEA, y finalmente alertó sobre las facultades de modificación a este contrato, por parte de la CEA, facultades equivalentes a las del Congreso local.
