La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay elementos suficientes para acreditar que distintas autoridades de Yucatán cometieron abusos contra José Eduardo Ravelo, joven que fue detenido y torturado por policías municipales de Mérida el pasado 21 de julio de 2021.
El organismo detalló que contó con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima.
Por lo anterior, emitió la Recomendación 50VG/2022, dirigida al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán y al presidente municipal de Mérida, en donde se les pide, entre otras cosas, una disculpa pública.
Recomendación para la Fiscalía
Al fiscal general de Justicia de Yucatán se le solicita que continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal para los policías, así como de aquellos servidores públicos que las autorizaron y/o toleraron.
De igual forma, se le pide que coadyuve con la Fiscalía General de la República (FGR) en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.
Asimismo, la Fiscalía del estado deberá colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la queja que se formulen ante su Órgano Interno de Control por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia que le practicó al cadáver de la víctima.
De igual forma, deberán llevar a cabo, en un periodo no mayor a seis meses, un diagnóstico respecto del estado que guardan las carpetas de investigación en las que se encuentran involucrados elementos de la Policía a Municipal de Mérida en la comisión de conductas delictivas, a efecto de que se implementen las medidas necesarias para que sean debidamente integradas y determinadas.
¿Y al presidente municipal de Mérida?
Esta recomendación señala que el presidente municipal de Mérida deberá ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima.
Además, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá otorgar a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
También, en un plazo no mayor a 30 días, la madre de la víctima y los demás familiares directos que hubiesen sufrido alguna afectación emocional, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así como de la Ley de Víctimas del estado de Yucatán.
La CNDH también dijo que las autoridades de Mérida deben coadyuvar con la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las conductas delictivas cometidas en agravio de la víctima.
Y por ultimo también deberá colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, en contra de los elementos de policiales que participaron directa e indirectamente en la retención ilegal de la víctima.
El 21 de julio pasado, elementos de la Policía Municipal de Mérida detuvieron al joven cuando caminaba por calles del Centro Histórico de ese ayuntamiento. Los uniformados lo trasladaron a instalaciones de una comandancia donde fue torturado, causándole lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento.
