El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, envió una iniciativa al Congreso del estado para modernizar el Poder Judicial con la finalidad de garantizar una justicia más pronta y expedita, así como contribuir a que los servicios y trámites judiciales sean más ágiles.
De acuerdo con un comunicado, la iniciativa considera modificaciones a la Constitución el estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con la finalidad de mejorar y agilizar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y avanzar en la lucha contra la corrupción.
El Poder Judicial requiere una actualización y modernización, toda vez que el mundo ha cambiado, se indicó. Por eso son necesarias reformas que lo vuelvan incluyente, que integre a jóvenes y mujeres. Requiere que se generen cambios con nuevas ideas que lo acerquen a los yucatecos.
Esta reforma plantea reducir los altos costos que representan para este órgano el pago de pensiones vitalicias a los magistrados, por lo que se propone que ahora solo tengan un pago único durante el año posterior a su retiro.
La reducción de la pensión a un año es el equivalente al año en que, por ley, al terminar su encargo no puede litigar ni dedicarse a las actividades como especialista en derecho.
Actualmente los magistrados que se retiran, ya sea por cumplir 15 años en el encargo o 30 años al servicio del estado, durante dos años perciben su salario como si estuvieran en funciones y a partir del tercer año reciben el 80% de ese monto.
Por ejemplo, de acuerdo con un cálculo basado en el tabulador reciente de sueldos y salarios del Poder Judicial, un magistrado gana en promedio un sueldo base de 133 mil 434 pesos mensuales, lo que anualmente representa más de 1.6 millones, sin incluir aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones.
De esta forma, considerando que la edad mínima para ser magistrado es de 35 años y la duración actual del cargo, conforme a la ley vigente, es de 15 años.
En un escenario hipotético, una persona puede acceder al cargo a los 35 años, al concluir el período máximo de duración, con base en la normatividad vigente, tendría 50 años al retirarse.
Si se considera que, de acuerdo con el Inegi, la esperanza de vida en Yucatán es de 74 años, el Poder Judicial pagaría alrededor de 38.4 millones por 24 años a partir de la terminación del encargo del magistrado supuesto.
Justicia pronta
De igual manera, frente al crecimiento exponencial en los asuntos que tienen que ver con áreas familiar, civil y laboral y para ofrecer una justicia pronta y expedita, que reduzca los tiempos de espera para los ciudadanos, la propuesta considera un aumento en el número de magistrados que actualmente conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Este incremento permitirá agilizar las resoluciones en las áreas familiar, civil y laboral, que son tres de las que más incremento y carga de trabajo han tenido.
La iniciativa presentada también propone aumentar a tres el número de magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con el propósito de que dar mayor agilidad a las resoluciones sobre el tema.
Hoy ese tribunal solo cuenta con un magistrado, lo que ocasiona que los procedimientos sean más lentos y se alarguen los tiempos de espera de los trabajadores por las resoluciones.
En esta iniciativa se plantea la eliminación de la figura de ratificación, en la que se plantea modificar el plazo de encargo de los magistrados de seis años, más nueve años con ratificación, a un solo período ininterrumpido de 15 años, lo que contribuirá a fortalecer la independencia del Poder Judicial al garantizar la permanencia de los magistrados por 15 años y así no depender de la ratificación del gobierno en turno.
Otro de los cambios para modernizar el Poder Judicial es el establecimiento de 70 años como un plazo máximo para ocupar el cargo de magistrado, con lo que desaparecería la figura vitalicia del cargo.
Se proyecta ajustar la edad de retiro de los jueces, pasando de 75 a 70 años.
También se considera especificar que el magistrado presidente del TSJE no podrá ser reelecto para un período inmediato, con lo que se dará cumplimiento al principio de la paridad de género.
