La elección del nuevo fiscal general de Justicia de Nuevo León está lejos de concretarse. Después del cierre de registro de candidatos, a las 16:00 horas del viernes, el proceso que sigue podría ser lento y alargarse hasta el 2023, tal y como lo vaticinó el exsecretario de Seguridad, Aldo Fasci.
“Con los amparos y los recursos que se están implementando, el proceso de elegir a un nuevo fiscal se extendería hasta el 2023, quizá para en marzo”, señaló Fasci en una conferencia de prensa.
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Y quizá tenga razón. Después de haber recibido a los 65 aspirantes al cargo que dejó acéfalo Gustavo Adolfo Guerrero, ahora el Congreso de Nuevo León tiene 30 días para integrar una lista de cuatro candidatos al cargo.
Si la lista enviada por el Comité de Selección contiene más de cuatro candidatos, cada legislador votará por una de las cuatro opciones.
Los cuatro aspirantes con la votación más alta integrarán la lista, la cual se enviará al gobernador.
El mandatario tiene cinco días para mandar al Congreso del Estado la terna definitiva. Si no lo hace, el Congreso tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los cuatro candidatos.
Eso en el supuesto que no surja otro amparo que frene la designación.
Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano en Congreso, expresó que ante la situación que se vive en la elección del fiscal, hay que observar que se necesita a una persona con cero vinculación partidista.
“El cargo lo tiene que ocupar un ciudadano o técnico, no alguien que esté vinculado a un partido político”, señaló Gaona.
Waldo Fernández, diputado de Morena, calificó como una “pachanga” todo lo que ha sucedido alrededor de la designación del fiscal.
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“Yo creo que para 2027 (estaría lista la decisión)”, expresó en broma.
El gobernador Samuel García señaló que el proceso ya está muy “empantanado”, pero que será respetuoso.
“Hay muchas suspensiones, están paralizando el proceso, la designación”, añadió el mandatario en referencia a que el viernes un juez federal informó que se debe suspender la elección ya que hay un amparo por inconformidades presentadas.
Jesús Gómez, presidente de la Comisión Anticorrupción, destacó que podría haber una judicialización más.
“La gente que acude a la judicialización es porque no está satisfecha, pero finalmente es un derecho ciudadano”, añadió el legislador panista.
