Programas sociales y fuerzas armadas, son los pilares de la estrategia del actual gobierno federal para combatir el huachicol. El primero, sin embargo, erigido tras una tragedia: la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. Ocurrió el 18 de enero de 2019, desde entonces no se tienen resultados concretos sobre la efectividad de las iniciativas.
El 23 de abril de ese año, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Diana Álvarez Maury –ya fuera del cargo–, informó que se implementaron programas sociales en todas las comunidades con alto índice de delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Esto a través de la Secretaría de Bienestar.
Una toma clandestina –con instalación rudimentaria– en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocasionó la explosión de Tlahuelilpan. El saldo, 137 personas muertas y 13 lesionados. Para evitar una catástrofe similar, la misión de dicha dependencia gubernamental sería la creación de oportunidades, según la funcionaria, porque el robo de combustible se debe en gran medida a la exclusión social.
Publimetro solicitó a la Secretaría de Bienestar –mediante la Plataforma Nacional de Transparencia– los resultados obtenidos gracias al plan de desarrollo ejecutado en los municipios con fuerte actividad de huachicol –por ejemplo, número de beneficiados y monto total de los recursos económicos utilizados–. El 26 de octubre de 2022, un día después de la petición, el ente respondió que no genera, procesa, almacena o custodia esa información. Incluso sugirió requerirla a Pemex o a la Secretaría de la Defensa Nacional; ambos sujetos obligados se declararon incompetentes.
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Ante ello, se interpuso un recurso de revisión, el cual aceptó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). El órgano autónomo notificó el acuerdo de admisión –el 15 de diciembre de 2022– a la unidad correspondiente para manifestarse al respecto.
Luego de recibir el aviso del Inai, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar instó a la Dirección General de Operación Integral de Programas a que realizara una búsqueda exhaustiva de los datos en sus archivos físicos y electrónicos o a pronunciarse sobre el tema, de acuerdo con un documento enviado el pasado 10 de enero.
“No obstante lo anterior, al momento de la elaboración de los presentes alegatos, y después de varios recordatorios por conducto de la Unidad de Transparencia, no se obtuvo respuesta por parte de la unidad administrativa citada”, aseveró el departamento en el escrito.
No sirven los programas sociales
Para problemas complejos, como el huachicol, los programas sociales no sirven, porque estos funcionan solo cuando hay fallas de mercado, explicó en entrevista el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
No hay evidencia clara respecto a cómo actuaron las iniciativas en las zonas con robo de combustible, abundó el académico. Es más un discurso político: la gente necesita empleo, y ese tipo de ayuda es lo que menos hace, dijo.
“En una situación de violencia, de huachicoleo, de narcotráfico, lo que podría servir es toda una estrategia de empleabilidad, que tú generes un nivel de producción local donde esa población tenga la capacidad de generar empleos, de generar microempresas, de que los negocios familiares tengan subsidios y tengan incentivos para contratar a más personas. Ya sería una burla pensar que un programa social puede hacer algo”, aseveró Aguilar Astorga.
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Otra falla es la inexistencia de programas sociales pensados específicamente para atender el delito de huachicol, subrayó el investigador de la UAM, pues llevaron a las comunidades afectadas los mismos de siempre. Se debe cambiar la política económica, agregó, no la política pública; es decir, generar empleabilidad y crecimiento económico.
“El problema de la 4T y también de gobiernos anteriores es que hacen acciones sin preocuparse por el problema que quieren resolver, entonces no miden el grado en el que el problema se está disminuyendo. Si tú no tienes metodológicamente la capacidad de demostrar que el programa social hizo cambios, perdón, pero no puedes demostrar que hubo un impacto de tu programa”, sentenció Carlos Ricardo Aguilar Astorga.
Hay dos reportes, pero no precisos
En la mañanera del 23 de abril de 2019, Diana Álvarez Maury también mostró avances de los apoyos entregados a las familias afectadas por la explosión de Tlahuelilpan, así como de los programas sociales implementados para combatir el huachicol en los municipios con alto índice de criminalidad.
Entre los datos presentados destacan las entidades beneficiadas (Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz) y las iniciativas proporcionadas (Pensión para Adultos Mayores; Emergencia Social y/o Natural; Beca a Víctimas DDHH; Familias Pobres; Educación Básica 1 o más Becarios; Beca Educación Media Superior; y Producción para el Bienestar).
De igual forma, en el mencionado reporte sobre los programas sociales puestos en marcha como parte de los operativos contra el robo de combustible se detallaron los recursos económicos pagados hasta la fecha (tres mil 307 millones 213 mil 796 pesos) y la proyección anual de los mismos (18 mil 348 millones 592 mil 776 pesos).
Al año siguiente, en la conferencia presidencial del 17 de enero, se volvieron a exponer las acciones efectuadas tras la tragedia de Tlahuelilpan y los trabajos en las comunidades con abundante huachicol. Sin embargo, no dieron estadísticas nuevas o que demostraran resultados, tampoco se precisó el dinero destinado para ello –como lo hicieron en la primera ocasión. Fue el último informe gubernamental relacionado con el tema.
