Guanajuato

Se dicen perseguidos políticos por la UG al ser los únicos demandados de un grupo de más de cien

Los alumnos demandados por daños por la Universidad de Guanajuato se dicen perseguidos políticos y aseguran la UG busca culpables

Luego de que la Universidad de Guanajuato demandara a siete alumnos ante la fiscalía, los jóvenes aseguran que son perseguidos por esta institución y buscarán su defensa en grupo, pues dicen que hay varias irregularidades en su proceso, ya que aún no tienen acceso a su carpeta de investigación.

Esta denuncia surgió luego de que del 11 de septiembre al tres de octubre del 2023, más de 100 alumnos de la UG tomaran las oficinas de la Rectoría en vísperas de la elección de un nuevo rector, nombraron a su movimiento como Grupo Colmena, conformado específicamente para estos hechos, es un movimiento ya sin actividad, y de ellos solo son estos alumnos los demandados.

De todos estos alumnos, solo fueron siete los demandados por daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, ellos son: Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada.

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Al considerar arbitraria la manera en la que fueron demandados, los alumnos dicen que hay una persecución y búsqueda de un chivo expiatorio con esta querella.

Incluso les ha sido imposible acudir a sus clases, pues los procesos administrativos por los que están pasando provocan que abandonen la mayoría de sus clases.

Los alumnos han optado por buscar en los medios de comunicación y las redes sociales un foro para exponer sus versiones ante la situación, pues dicen luchar contra el aparato de justicia del estado de una manera injusta.

La UG responde


La UG solo ha emitido un breve comunicado en el que aseguró que no podía emitir información o posicionamiento alguno respecto a la querella contra los alumnos, pues intercederían con el debido proceso.

La Fiscalía de Guanajuato investiga estos delitos como de alto impacto, y podrían alcanzar hasta siete años de cárcel.

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