La comparecencia del fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ante el Congreso local, se convirtió en una sesión de duros cuestionamientos sobre la falta de resultados en materia de seguridad y justicia. Diputadas y diputados exigieron explicaciones sobre la creciente impunidad en delitos de alto impacto como homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones y desapariciones.
Uno de los temas centrales fue el alarmante aumento de las extorsiones en municipios como Salamanca, Celaya e Irapuato, así como la ineficacia de las fiscalías regionales para atender estas denuncias. Legisladores demandaron respuestas sobre el número de denuncias resueltas y las medidas concretas para frenar la violencia, sin obtener respuestas contundentes.
Feminicidios sin garantías de resolverse
Otro punto crítico fue el tratamiento de los feminicidios y la violencia de género. Se cuestionó por qué la Fiscalia espera la determinación del Poder Judicial para clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios, así como la falta de garantías para las mujeres que denuncian violencia y luego se convierten en víctimas de feminicidio. Además, se le exigió claridad sobre si se está cumpliendo con los protocolos adecuados en las investigaciones de violación y si el personal está debidamente capacitado.
Los legisladores también pusieron sobre la mesa el bajo número de carpetas de investigación en delitos como trata de personas, la falta de vinculaciones a proceso y la escasez de peritos, lo que retrasa las investigaciones y contribuye a la percepción de impunidad.
En la sesión, se plantearon también inquietudes sobre el manejo del Fondo de Atención a Víctimas, la protección de personas buscadoras y periodistas, y las estrategias para reducir la crisis de violencia que azota a la entidad. Cuestionado sobre las cifras de impunidad, el fiscal no logró ofrecer un panorama alentador ni compromisos claros de mejora.
Finalmente, se abordó la problemática del robo de ganado, el rezago en la activación de la Alerta Amber y las fallas en la cooperación interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas.
Ante los severos cuestionamientos, el fiscal defendió su gestión asegurando que se aplicarán modificaciones sustanciales en la procuración de justicia, aunque sin detallar plazos ni estrategias concretas.
