La administración de Enrique Peña aún da mucho de qué hablar en este sexenio, ahora por la Ley General de Comunicación Social de 2018, a la que se llamó “Ley Chayote”.
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Este miércoles esa ley fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha decisión se basó en que se otorga al gobierno una gran discrecionalidad para el gasto de publicidad oficial, la Corte amparó a la organización Articulo 19 contra la ley porque atenta contra la libertad de expresión.
De acuerdo con Reforma, se argumentó que el documento no tiene criterios claros y objetivos sobre el gasto público en comunicación social y contratación de medios de comunicación.
Tiempo de modificación
Luego de la notificación de esta sentencia, el Congreso de la Unión tendrá que subsanar las omisiones detectadas, aunque también se podría proceder a su derogación y aprobar una nueva, ya que así lo establece la modificación de 2014 al artículo 134 de la Constitución.
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De acuerdo con los procedimientos legislativos, el cambio se tiene que realizar durante el actual periodo de sesiones que termina en diciembre.
En la promulgación de la ley el Congreso sólo estableció 10 ejes rectores, pero deja a la Secretaría de Gobernación (Segob) la libertad de establecer los lineamientos para la selección de medios a contratar, al igual que en sexenios anteriores.
“El Congreso expidió esa ley cuatro años después de que venció el plazo que marcó la reforma constitucional de 2014, lo hizo obligado por otro amparo que la Primera Sala de la Corte concedió a Artículo 19 para corregir esa omisión”, detalla Reforma.
Fin a control mediático
La decisión fue celebrada por Artículo 19: “Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. La sentencia ordena al Congreso corregir las deficiencias de la Ley antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones 2021”.
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Además de que “con una mejor Ley de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático”.
