El caso Iguala provocó que en pocas semanas, lo que parecía un momento triunfador del gobierno mexicano por la aprobación de reformas estructurales, a un escenario de crítica y señalamientos por la falta de garantías individuales.
Las páginas de los medios de comunicación del mundo volvieron a hablar de nuestro país, pero bajo el discurso de la violencia y la inseguridad, como en el sexenio de Felipe Calderón, tópicos con los que intentó romper la administración de Enrique Peña Nieto.
Aquí están los cinco posicionamientos más duros contra el gobierno mexicano:
1.- En la más reciente edición de la revista The Economist se aborda el tema de la violencia en México, en especial de los casos de la presunta ejecución contra 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y la muerte y desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero. La publicación sentenció: “Peña Nieto ha prioridad a las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar a México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”. Agregó que nuestro país está lejos de ser un país de leyes.
2.- El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, definió el caso de Iguala en una frase: “No conozco de hecho similar al que estamos lamentando en Iguala. Creo que tenemos que remontarnos desde la matanza de Tlatelolco a fines de los años 60, donde se dieron hechos tan macabros”.
3.- El caso llegó hasta la ONU, donde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos consideró que el caso de los 43 estudiantes de Iguala entra en la categoría de “desaparición forzada”, que tiene que ver con la omisión o promoción de autoridades que deberían procurar justicia y seguridad.
4.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en voz de su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, afirmó que los casos de Tlatlaya e Iguala hacen dudar en el avance en materia de derechos humanos, “a la hora de valorar lo que está haciendo este gobierno respecto al anterior, (estos casos) ponente un corchete de veracidad sobre la eficacia de la política pública”.
5.- Diplomáticos de la Unión Europea de misión en México calificaron los casos de Tlatlaya e Iguala como “actos de barbarie”. Aunque aplaudieron las detenciones y la forma en la que el gobierno asumió estos hechos, expresaron su preocupación por la aparente filtración del crimen organizado en entidades. Otro grupo, el denominados Los Verdes del Parlamento Europeo, fueron menos diplomáticos y pidieron detener la renovación del acuerdo que rige las relaciones entre el bloque europeo y México “dada la impunidad de la violencia registrada en el país”
