El desplegado que apareció en diarios nacionales fue inusual: 20 poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis públicamente criticaron al gobierno por no hacer su trabajo.
En el anuncio pagado, y publicado a una página completa el mes pasado, le exigieron “garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio”.
Y concluía con una demanda a las autoridades, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto: “honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Los señalamientos críticos de la comunidad empresarial en el desplegado fueron una muestra de la erosión del respaldo al gobierno de Peña Nieto, quien entra al tercero de sus seis años de gobierno.
Líderes empresariales han tenido un enojo creciente hacia el gobierno tanto por el incremento de los impuestos, sin que eso se tradujera en mejoras de la economía, escándalos que apuntan a posibles favoritismos políticos, y actos ilegales que dañan el comercio y los negocios en general.
La semana pasada, Coca-Cola suspendió sus operaciones en Chilpancingo, la capital del estado sureño de Guerrero, debido a ataques y la retención de algunos de sus empleados. Ahí y en otros estados, empresarios se quejan de que pierden mercancías por secuestros en carreteras.
México ha visto como en algunas zonas manifestantes han tomado el control de casetas de peaje, saqueado oficinas gubernamentales, bloqueado el paso de cargamentos y el cierre de aeropuertos. Además, carteles de las drogas controlan algunas áreas, donde extorsionan a propietarios de negocios, compran autoridades y afectan industrias importantes como la agricultura y el turismo.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reconoció que “no es común” que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.
“Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven”, dijo Foncerrada a The Associated Press. El centro que dirige es el principal órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial, uno de las mayores organizaciones empresariales de México.
Dijo que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo “absolutamente intolerable”. Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés.
Los señalamientos han alcanzado a algunas de las personas más cercanas al presidente Peña Nieto, incluida su esposa y su secretario de Hacienda. Investigaciones periodísticas revelaron que ambos compraron inmuebles lujosos, entre ellos una mansión millonaria de la primera dama conocida públicamente como la “Casa Blanca” y que provino de un contratista gubernamental que fue parte de un consorcio ganador de una lucrativa licitación para construir el primer tren rápido del país, aunque luego se canceló el proyecto.
Ambos han sostenido que las adquisiciones fueron legales.
Peña Nieto ha enfrentado en los últimos meses varias críticas, entre ellas por el manejo de su gobierno a la desaparición en septiembre de 43 estudiantes de magisterio, que según las autoridades fueron detenidos ilegalmente por policías y entregados a sicarios del narcotráfico que los habrían matado y quemado. El caso subrayó los nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales, además de la incapacidad de la administración federal para calmar el enojo social por el crimen.
“Lo que estás escuchando en conversaciones entre gente de negocios, y no más como murmullos… es que el presidente necesita buscar aportes de un círculo más amplio de personas, agarrarse una brújula y tomar en serio iniciativas sobre el estado de derecho y la seguridad”, dijo a la AP Antonio Garza, ex embajador de Estados Unidos en México y actual consejero en la capital mexicana de White & Case, una firma legal estadounidense que representa a bancos y empresas.
Sobre las críticas empresariales, la oficina del presidente Peña Nieto señaló a la AP que el gobierno mantiene “una relación abierta con los empresarios” y que también apoya esfuerzos del Congreso para crear un sistema anticorrupción que incluya más controles, además de que el mandatario anunció recientemente acciones ejecutivas que incluyen ordenar a los servidores públicos a presentar a partir de este año una declaración de posibles conflictos de interés.
Señaló que el gobierno también ha lanzado recientemente operativos de fuerzas federales para impedir el bloqueo de carreteas y aeropuertos, “con pleno respeto al derecho a la manifestación”.
Desde principios de la década de 1980, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, el sector empresarial de México ha trabajado de manera más o menos cercana con el gobierno en turno, que salvo doce de los últimos 86 años han sido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto.
El anterior presidente del gigante televisivo Televisa, Emilio Azcárraga, incluso dijo en algún momento que él era “un soldado del PRI”, en parte porque el gobierno toleraba su actividad casi monopólica.
Las críticas de la comunidad empresarial suelen ser silenciosas. Empresarios saben que confrontar públicamente al partido en el poder conlleva grandes riesgos, debido a que oficinas gubernamentales tienen mucho poder a través de contratos, permisos y concesiones que a ese sector les interesa.
La iniciativa privada ayudó a que el PRI volviera al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto, luego de dos gobiernos del conservador Partido Acción Nacional. Los empresarios elogiaron las reformas económicas que el nuevo presidente promovió y que fueron desde abrir por primera vez en más de siete décadas el sector petrolero y eléctrico al capital privado, romper los monopolios en telecomunicaciones y debilitar el poder del sindicato de maestros.
Pero el descontento comenzó cuando el gobierno de Peña Nieto aprobó una reforma fiscal, entre otras cosas porque no generalizó el impuesto al valor agregado a productos como alimentos y medicinas, como algunos esperaban y sí aumentó los gravámenes a los ingresos, lo cual para el sector privado afecta la inversión.
Además, “no hay transparencia en la manera en que el dinero se gasta”, dijo Dwight Dyer, analista de Control Risk, una consultoría internacional.
Y a la par de todo, la economía mexicana no ha tenido un comportamiento brillante.
El producto interno bruto creció 2,1% en 2014 y 1,1% en 2013. Y la economía podría sufrir en 2015 si se mantienen bajos los precios internacionales del petróleo, debido a que una tercera parte del presupuesto público proviene de la exportación de crudo.
El valor del petróleo mexicano de exportación llegó a superar los 100 dólares por barril en 2014 y ahora se cotiza en niveles cercados a los 50 dólares.
El mes pasado, el gobierno anunció un recorte a su presupuesto para 2015, que incluyó la suspensión del proyecto del tren rápido que el presidente Peña Nieto había dicho que uniría la capital del país con la ciudad industrial de Querétaro, al centro de México.
El proceso de licitación del tren generó frustración entre el sector privado porque parecía que había sido diseñado para beneficiar a uno de los licitantes, dijo el diputado federal Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional.
Anaya es uno de los promotores de una iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción que daría poder real para perseguir y sancionar y crearía un órgano independiente del presidente, que hasta ahora es el responsable de nombrar al zar anticorrupción.
“El tema de licitaciones genera una enorme incertidumbre”, dijo el legislador. “El sector privado comparte el sentimiento de que México ha tocado fondo en materia de corrupción y que sin este sistema anticorrupción no va a haber inversión”.
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